Los técnicos de la Nación proponen frenar el traslado de más internos hacia la cárcel

El informe de la comisión revela una estructura de trastornos en Coronda

Detalla ordenes mal ejecutadas o incumplidas, falencias de control y en la organización de la vida de los presos

La comisión nacional que estuvo en Coronda hace seis días constató la existencia de problemas internos en relación a la comunicación y ejecución de órdenes en los distintos niveles del Servicio Penitenciario (SP), falencias en los mecanismos de control dentro de la unidad y arbitrariedades en torno de la regulación de la vida cotidiana de los reclusos. Todos esos puntos son identificados como factores de la alta conflictividad interna de la cárcel, atizada por un fenómeno de superpoblación que actúa como agente de la violencia, plasmada en los homicidios de 14 internos el 11 de abril pasado.

Esos puntos están volcados en el informe de 14 páginas que el responsable de la comisión, Raúl Jonas, puso ayer a las 13.30 en manos del subsecretario de Justicia de Santa Fe, José Luis Benaglia. En el documento, los técnicos que visitaron la prisión hacen un diagnóstico de su recorrida y elevan recomendaciones al gobierno provincial para desactivar la compleja situación interna. Entre estas directivas surgen algunas ya señaladas: la formación de un cuerpo profesional para las requisas de detección de elementos utilizados para infligir daño o la colocación de videocámaras en pasillos y accesos a pabellones para supervisar la vigilancia. También el freno a traslados de internos hacia una cárcel que ya está saturada en su capacidad y la propuesta de transferir a otros destinos a los presos conflictivos.


Los tres ejes
La parte más dura del diagnóstico es la que expone una estructura de trastornos afianzados en la vida intramuros. Un primer eje se refiere a la constatación de problemas en la comunicación interna dentro del Servicio Penitenciario, en particular en órdenes impartidas desde la dirección, que no se ejecutan con su sentido originario o que directamente no llegan a los guardias.

El segundo eje se refiere a cuestionamientos a los mecanismos de control dentro del penal. Los expertos del Ministerio de Justicia toman un parámetro general de seis guardias cada diez presos como aceptable para la regulación de los conflictos, lo que no se cumple en Coronda. En este sentido se habría deslizado, a modo de ejemplo, que la Unidad Nº 1 tiene sectores cuya conflictividad demandaría una relación de un guardia por cada preso.

También se objetó la organización interna del penal en general y se sugirieron cambios. Esto concierne a la vida cotidiana de la cárcel, desde las requisas hasta las actividades recreativas y laborales de los presos, incluyendo los horarios y los regímenes de visita.

El informe sintetiza las observaciones de cinco profesionales enviados por el Ministerio de Justicia, a cargo de Horacio Rosatti, y la Jefatura de Gabinete, comandada por Alberto Fernández, por orden de Néstor Kirchner. Los técnicos son el titular del Servicio Penitenciario Federal, José Luis Soria; el director federal del Régimen Correccional, Gregorio Yacquet; el coordinador nacional del Programa de Trabajo en Cárceles, Juan De Filippi y un técnico de la Dirección Nacional de Política Criminal. El responsable, de la comitiva, Jonas, es un ingeniero asesor de Rosatti en cuestiones penitenciarias.

El trabajo de la comisión reivindica los lineamientos generales de la política penitenciaria de la provincia en cuanto a garantizar la expresión interna de los actores del ámbito carcelario. Pero también sugiere que la provincia tome nota de las recomendaciones y subraya que no analiza cómo sucedieron los hechos del 11 de abril que derivaron en la matanza. Plantea el informe como un diagnóstico de lo que los técnicos vieron en el lugar y en ese sentido sugiere cambios.

El gobierno de Jorge Obeid recibe el dictamen de la comisión con sensaciones anímicas encontradas. Aunque le dio la bienvenida a los aportes valiosos, también hubo un señalamiento manifiesto de que la Nación no es espectadora de la tragedia sino parte del problema. Lo dijo con elocuencia al asumir el interventor civil de Coronda, Jorge Bortolozzi, al reflejar que la administración central estaba en deuda con la provincia por la histórica mora en el mantenimiento de los presos de su jurisdicción en cárceles provinciales, y por los retrasos en la construcción de la cárcel federal de Coronda y de los envíos de partidas para la unidad de Piñero.

La comisión sugirió al gobierno provincial difundir completo el informe.

Familiares de presos del pabellón 7.