Caso Rossi

Otro testimonio complicó al jefe de Seguridad

Una vez más, un hombre de Gendarmería Nacional ratificó la acusación contra el subsecretario de Seguridad Pública, Alejandro Rossi, quien está imputado de haber amenazado con un arma a un taxista al que chocó en Rondeau y Circunvalación cuatro meses atrás. Un superior del gendarme que presenció la intimidación e intervino para que el funcionario bajara el arma, refrendó el lunes el acta interna de la fuerza donde se detalla lo ocurrido. Los delitos que se deducen de ese informe, sin embargo, no fueron volcados a las actas policiales sino que, por el contrario, en el ámbito de la fuerza santafesina se abrió una causa contra la víctima.

Este fue el tercer testimonio que presta un miembro de Gendarmería narrando cuál fue la conducta de Rossi en la cabecera del puente Rosario-Victoria que se volcó al expediente a cargo del juez de Instrucción Carlos Carbone. El comandante Oscar Alfonso Rodríguez dijo que es suya la firma que consta al pie de un radiograma de la repartición en el cual figura el hecho. Se consigna allí que el 7 de noviembre Rossi chocó al taxi de Granadero Baigorria que conducía Sergio Daniel Amaya.

Luego, indica el informe, el funcionario bajó ofuscado empuñando un arma calibre 40 con la cual amenazó al chofer. La situación fue vista desde la garita del puente por el gendarme Iván Darío Méndez, quien ignorando el cargo ocupado por el sujeto que portaba el arma bajó a la calle para obligarlo a deponer su actitud. Tras la exigencia del gendarme, Rossi arrojó el arma al piso y convocó por celular a la cúpula de la Unidad Regional II.

El episodio quedó asentado como un incidente de conducción peligrosa del que fue acusado el propio chofer, quien al declarar en Tribunales negó la intimidación. En cambio, en la documentación de Gendarmería, se registró lo ocurrido tal como el gendarme Méndez lo expuso días atrás ante el juez. El hecho permaneció oculto tres meses hasta que este diario lo denunció el 20 de febrero pasado. Tras ello, y a instancias de un pedido fiscal, el juez Carbone inició la investigación de oficio.