La presencia militar de los Estados Unidos

María Luisa Mendonça (*)

La consolidación del dominio económico y militar de América Latina ha sido una de las prioridades del gobierno de Estados Unidos. El creciente proceso de militarización en el continente tiene como objetivo asegurar el control de los recursos naturales y mantener la dependencia económica de los países latinoamericanos.

Después de los atentados en Nueva York y Washington, el 11 de septiembre de 2001, el gobierno de George W. Bush aceleró su escalada militar en todo el mundo. En América Latina, la estrategia de Estados Unidos incluye la instalación de nuevas bases militares y el refuerzo de las bases ya existentes, el entrenamiento de militares latinoamericanos, la venta de armas, la instalación de sistemas de vigilancia y espionaje y el apoyo a mega-proyectos energéticos y de infraestructura para la explotación de los recursos naturales. Esta política busca defender los intereses de las grandes empresas y garantizar el control principalmente del petróleo, el agua y la biodiversidad.

En América Latina, Estados Unidos intensifica la instalación de bases militares como en el caso de Manta (Ecuador), Tres Esquinas y Leticia (Colombia), Iquitos (Perú), Reina Beatriz (Aruba), Hato (Curazao) y Comalapa (El Salvador). Estas bases complementan el cerco de EE.UU. en el continente, que también incluye bases militares en Puerto Rico (Vieques), Cuba (Guantánamo) y Honduras (Soto de Cano). EE.UU. pretende construir nuevas bases militares en Argentina (Tierra de Fuego), así como controlar la base de Alcántara en Brasil.

El gobierno de Bush utiliza como pretexto la necesidad de "combatir al terrorismo" para justificar sus acciones en el continente. En abril de este año, el General James Hill, responsable del Comando Sur (un sector del ejército estadounidense que actúa en América Latina), solicitó al Congreso que aumentara la partida presupuestaria de 800 millones de dólares para sus actividades en 19 países de América del Sur y Central y doce países de El Caribe. El General Hill clasifica como "terroristas tradicionales" a grupos guerrilleros y traficantes de drogas en Colombia y como "grupos emergentes" a aquellos que considera "populistas radicales que se aprovechan de la profunda frustración con el fracaso de las reformas democráticas". En esta categoría estarían incluidos el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y el diputado boliviano Evo Morales.

En 2003, el presupuesto militar de Estados Unidos llegó a 417 billones de dólares, lo que representa un 47% de los gastos militares del mundo. Esta cifra indica un aumento del 11% en relación a 2002.

La actuación de la administración de Bush en las instituciones multilaterales refleja su política de escalada militar. El gobierno de Bush rechazó la Convención de Armas Biológicas y, al mismo tiempo, realizó pruebas ilegales con estas armas, además de rechazar el acceso de inspectores a sus laboratorios. Estados Unidos rechazó también el Tratado sobre Misiles Antibalísticos, la Convención de la ONU sobre la Tortura (para evitar la investigación de torturas a prisioneros en la Base de Guantánamo), y pretende violar el Tratado contra las Pruebas Nucleares.

El proceso de militarización en el continente ha generado el aumento de las violaciones a los derechos humanos y de la represión a los movimientos sociales, el desplazamiento y la migración forzada de millones de personas, la destrucción del medio ambiente, la pérdida de la soberanía y de la autodeterminación de los pueblos.

La estrategia del gobierno estadounidense incluye el entrenamiento de militares latinoamericanos, como en el caso de la Operación Cabañas, realizada en Argentina en 2001, con la participación de 1500 oficiales de EE.UU., Chile, Brasil, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.

Según documentos del gobierno argentino, el objetivo de este entrenamiento sería crear un "comando militar unificado" para combatir el "terrorismo en Colombia, además del campo de batalla compuesto por civiles, organizaciones no gubernamentales y agresores potenciales".

(*) María Luisa Mendonça dirige la Red Social de Justicia y Derechos Humanos.