Panorama político

Una ley que tiene demasiados riesgos

Hugo E. Grimaldi

El análisis del proyecto gubernamental que se refiere al destino de los bonos que no hubiesen sido presentados al canje y, sobre todo, la lectura del mensaje que lo acompañó al Congreso, resulta toda una aventura más de carácter moral que económica o aún política, que va más allá de la soberbia del pensamiento único que se intenta imponer por ley.

El texto, casi de orientación bíblica, aunque de dudosa constitucionalidad, despliega el dedo acusador del gobierno sobre los réprobos que osaron comprar títulos argentinos y que ahora podrían decidir no canjearlos. Cuando los ocho artículos del proyecto sean ley, esta misma semana, ellos y sus títulos quedarán condenados al fuego purificador de la eternidad.

Bajo este apocalíptico paraguas, concebido para "regular" el régimen al que quedarán sujetos los bonos que no se canjeen, comenzó una pulseada entre el mercado y el gobierno que sólo se dirimirá al cierre del canje, cuando la realidad -la única verdad- entregue su veredicto.

"La oferta de canje no admite mejoras y debe considerarse definitiva", dice el proyecto. Como nada es gratis, habría que detenerse también a evaluar qué podría ocurrir si los mercados no se asustan tampoco por esta presión hostil que se ejerce desde el gobierno y siguen en la suya. Y también qué pasaría con la credibilidad de Kirchner, si inevitablemente hay que tomar un atajo que ordene mejor las cosas. Este último punto de no retorno es, según el gobierno, lo que le otorga total credibilidad a la futura ley.

Pasaron sólo 19 horas entre que el gobierno anunció su envío al Congreso y la media sanción del Senado. Los por qué de esta velocidad tienen al menos tres vertientes y en la puja no es ajena la interna siempre latente entre Economía y la Casa Rosada. Desde lo técnico, se dice que el ministro Lavagna consideró que las potenciales adhesiones eran bajas y que una apretada de este tipo no le vendría mal al mercado, que lo conversó con el presidente y que éste le dio vía libre.

La paternidad del ministro es esgrimida también por los ahorristas locales enfrentados con el gobierno, quienes denuncian la presión de los grandes fondos de inversión estadounidenses, sobre todo para evitar que acuerdos extrajudiciales posteriores los dejen afuera de la cláusula de acreedor más favorecido. En este punto, la ley va peligrosamente más allá, ya que suma a los impedimentos del Ejecutivo la posibilidad de efectuar arreglos judiciales, aún aquellos que pudieren resultar beneficiosos.

Los que defienden el protagonismo de Economía desde adentro dicen que los antecedentes de la jugada están muy claros en aquel discurso prolijamente leído por Lavagna en ocasión del lanzamiento del canje, cuando aseguró que con 50 por ciento de aceptación la Argentina declaraba unilateralmente haber salido del default y donde ya se decía que no habría futuro para los que no aceptaran la oferta.

Sin embargo, como las posteriores menciones de barricada comprometieron cada vez más al presidente con una salida de este tipo, desde Balcarce 50 se dice que fue él quien apuró la ley. Es un clásico que desde allí se lo observe a Lavagna, aún en su dureza, algo blando en las negociaciones y por eso, dicen las fuentes, la reunión cumbre de legisladores, técnicos y funcionarios se llevó a cabo el jueves por la mañana en el despacho presidencial, para pulir los argumentos que deberían utilizarse hacia afuera para explicar la jugada.

Con un temperamento de extrema peligrosidad, que apunta a imponer un discurso hegemónico en la materia, en esa reunión se decidió dividir a la sociedad entre los defensores del canje tal como está y los "vendepatrias", término de los años 50 que se le endilgó a algunos economistas, a los que se buscó condenar también a una suerte de muerte civil por pensar diferente.

Quizás obnubilado por el inesperado protagonismo que el Ejecutivo le dio a los legisladores, uno de los voceros políticos, el titular del bloque peronista en el Senado, Miguel Pichetto, nada dijo, en sus controvertidas declaraciones, sobre las consecuencias que podría tener para la economía y para la reinserción argentina en el mundo un canje poco exitoso, si los tenedores de títulos deciden igualmente dejar en el limbo, al final del período de canje, unos 30 mil millones de dólares, por ejemplo.

En este punto, la estrategia elegida por el gobierno es hablar con porcentajes, artilugio que esconde los valores absolutos que dimensionan mejor las cosas. Lo cierto es que hasta hoy -y aún faltan tres semanas decisivas- entraron al canje solamente 6,5 mil millones de dólares del exterior, una aspirina en el mar, sobre algo más de los 48 mil millones que están dispersos por el mundo. El número de adhesiones contabilizadas hasta el viernes seguramente llegó a los 27 mil millones, si se suman también los bonistas locales, lo que equivale a decir que aún quedan en litigio potencial nada menos que 54 mil millones de dólares.

Al respecto, la administración dice estar segura que con este proyecto se han quemado todas las naves, pero en el exterior, los analistas más prescindentes y aún los que pertenecen a bancos que están ayudando al gobierno, están convencidos de que habrá modificaciones y que ésta no es la última palabra. Sin especular, por supuesto, con la sobrada experiencia que tienen los mismos argentinos en leyes que luego son cambiadas por otras o aún derogadas por decreto.

"Algo tiene que pasar", señalaba el viernes un analista de Goldman Sachs al que se lo consultó sobre la posibilidad de que quede latente una masa de juicios en ciernes, probablemente incobrables, que dejará algo más que heridas en buena parte de la comunidad internacional. Pero no lo decía como expresión de deseos, sino como representación convencida del pensamiento mayoritario de los mercados.

La lupa encima de los números está puesta no sólo por toda la comunidad de negocios, sino también por los organismos internacionales, quienes prometen operar en consecuencia. El FMI, por ejemplo en boca de su titular, pidiendo ajustes estructurales que la Argentina no tiene vocación de hacer durante este año electoral.

El colmo del paroxismo regulador se despliega en el capítulo dedicado al deslistamiento de los bonos malditos en mercados nacionales y extranjeros. Una vez más el dolor de cabeza sólo alcanzará los locales, ya que los mercados descuentan que las "gestiones" que habrán de hacerse frente a los entes reguladores del exterior caerán en saco roto.

Por último, el proyecto habla de "posibilitar una solución adecuada y ecuánime". Está claro que nada de lo que en él se dispone permite inferir lo segundo, ya que la imparcialidad en el juicio que se requiere para serlo está altamente comprometida. En esta ocasión -y una vez más en la historia argentina de los últimos años- el Estado vuelve a ser juez y parte.