El arreglo. Sucesión de denuncias por extorsiones o encubrimiento mediante la manipulación de actas preventivas de delitos

Abusos y trampas que se repiten por maniobras policiales en los sumarios

Con ellos los jueces inician las causas penales. Especialistas analizan sus arbitrariedades y lo difícil de su control

Leo Graciarena / La Capital

"Te arreglo el acta, pero esto te va a costar". Ese comentario no es nada inusual si se analiza la gran cantidad de denuncias y resoluciones judiciales contra policías por manipulación de sumarios, con fines extorsivos, difundidas públicamente en los últimos meses. La maniobra tiene otra variante: tergiversar hechos, en esas actas, para desdibujar responsabilidades policiales en ilícitos. El sumario o parte preventivo es el acto administrativo inicial de la investigación judicial y en la gran mayoría de los casos -entre un 80 y un 90 por ciento- es la policía la que aporta la primera visión del hecho. Un porcentaje muy gravitante si se considera que los jueces rosarinos iniciaron el año pasado más de 130 mil expedientes.

El procesamiento en enero pasado de nueve policías de la subcomisaría 20ª por adulterar el libro de guardia para intentar encubrir la responsabilidad de los uniformados en el crimen de Claudio Pocho Lepratti en diciembre de 2001. La adulteración de un libro de guardia en la comisaría 18ª para ocultar una paliza a un joven en mayo pasado. El procesamiento de dos agentes de la seccional 20ª en junio último por extorsionar a una pareja. El desplazamiento de policías de las comisarías rosarinas 24ª y 33ª por distintos procedimientos extorsivos contra denuncias. El encausamiento y detención de dos comisarios del área de Unidades Especiales de la Jefatura de Esperanza por extorsión a un vecino de la localidad de Humboldt, la semana última, son algunas muestras significativas y recientes de la problemática.

"La aparición de estas denuncias con mayor frecuencia puede llevar a pensar que hay más casos. Pero también se puede analizar que hay un cambio en la sociedad civil que encuentra canales institucionales para realizar este tipo de denuncias, ya sea en los medios o en la Justicia, lo que favorece la denuncia", explica Enrique Font, criminólogo y docente de la UNR. "Puede que la aparición de más denuncias responda más que al incremento de corrupción a un cambio en la sociedad que ahora se anima más", argumenta.

De los casos de policías denuncias por actos extorsivos, Font dice sentirse sorprendido por el del joven al que dos policías de Drogas Peligrosas -que están presos hace nueve días- propusieron un chantaje por tener un cigarrillo de marihuana. "Para poder denunciar esa extorsión, el muchacho antes tuvo que admitir cierta conducta delictiva de su parte. Es evidente que lo detuvieron buscando una contribución informal y no perseguirlo por ser consumidor".

El especialista asume que en los últimos diez años hubo un cambio en la percepción social. "La gente no sólo ve que hay manzanas podridas en la policía sino que advierte que es el cajón lo que pudre. Hay un saber más o menos extendido y compartido que reconoce que una parte de la policía participa activamente o gerencia actividades delictivas. Entre las que se incluyen las cometidas por la propia policía, por ejemplo adulterando sumarios".


Poder y autonomía
Daniel Cuenca es abogado penalista y antes de analizar la cuestión deja claro que es "contrario a darle más poder a la policía". El penalista advierte que "el problema es que la policía tiene demasiadas facultades y muchas veces llega a funcionar autónomamente. Y ahí surgen los problemas. En lugar de estar pensando en la persona que debe resguardar la ley, estamos sospechando que son ellos los que infringen la ley".

El sumario policial es vital para la investigación y un dato erróneo puede repercutir en la causa desde su gestación. "Si un auto atropella a un peatón y se evalúa que la marca de la frenada es de 50 metros, ese dato puede definir la velocidad final del vehículo. Pero si de otra inspección surge que la frenada es de 5 metros, la cosa cambia. Y con ese dato se define la culpabilidad o la inocencia de una persona", explica Cuenca. "Y un dato así no puede dejarse en manos livianas que puedan volcar un guarismo inexacto. Y así en cualquier clase de actuación".

Ante la importancia vital de este acto administrativo las dudas se plantean casi naturalmente: ¿Los jueces pueden seguir basándose en los sumarios policiales para comenzar una causa de la que depende la suerte de una persona? ¿Estos sumarios pueden instruirse de otra manera?


Tres alternativas
"El Código da tres alternativas: está la policía, la Fiscalía y la Justicia. Lo que sucede es que en la mayoría de las causas, entre un 80 y un 90 por ciento, se inician en la policía", explica el juez Jorge Eldo Juárez, a cargo del Juzgado de Instrucción 4ª. Un juzgado de Instrucción tiene un promedio de 3 mil nuevas causas por año. "Antes de tocar el timbre de la policía se puede ir a la Fiscalía de turno, que ahora incluso puede hacer la investigación si lo pide dentro de los cinco días de iniciada, o a la Justicia".

En Tribunales funciona entre las 20 y las 6 horas una oficina de urgencia donde se pueden realizar denuncias. Incluso, destaca Juárez, en un caso de gravedad se llama al fiscal de turno o al juez a su domicilio. En la provincia de Santa Fe los fiscales no investigan: en las causas penales lo hacen los jueces correccionales, de instrucción y de menores. Pero sí pueden impulsar las investigaciones proponiendo medidas. Por ejemplo a partir de lo que surge de dichos de testigos, policías o víctimas.

Ante la duda, el juez confiesa sentirse respaldado por el control del vecino y de los medios. "¿Por qué saltan las cosas? Porque el ciudadano denuncia ante los medios o en la Justicia". Aunque Juárez destaca "que tenemos una estructura judicial en la que hace 32 años que no se crea de hecho un Juzgado Penal. Y hay que ver cuánto creció la ciudad en sus índices de conflictividad y de criminalidad. Otro problema es que muchas veces lo que conoce el vecino de la Justicia es la policía y la comisaría".

"Desde que regresé a la Justicia tomo recaudos", explica el juez que tiene a su cargo uno de los 14 Juzgados de Instrucción de Rosario. "Desde antes de que se reformara el Código -entró en vigor el 12 de diciembre de 2003-, todos los allanamientos los hago filmar ininterrumpidamente. Una seccional hace un pedido de allanamiento y entonces se hace la valoración de si hay méritos para entrar a una casa. Si lo hacemos lo hago filmar completo y le hago saber a la víctima si quiere correr el riesgo y participar, sobre todo si es una causa donde hay plata. Si quiere, puede controlar e intervenir en el allanamiento. Esto para evitar que encuentre lo robado y lo sustraigan o lo negocien con los ladrones", cuenta el magistrado.

Para el penalista Cuenca, quien resalta que el sistema está saturado "porque se inician causas inutilmente", la existencia de "un segmento policial ligado a la esfera judicial", sería una alternativa válida para evitar que los sumarios sean manipulados.

"En nuestra provincia un sumario policial de prevención tiene hasta quince días para su confección en casos sin detenidos. En ese tiempo es la fuerza policial la que investiga bajo instrucciones del juez de turno. Si hubiera policía judicial, con conocimientos jurídicos abundantes, nadie iría a juicio a menos que se reunieran pruebas. Disminuirían las causas, porque actualmente de pequeños indicios se elabora una causa donde cualquier persona aparece dentro del sistema penal, lo que provoca su colapso", explica el letrado.


Sin fiabilidad
"Los jueces no deberían seguir trabajando sobre la base del sumario policial, pero es muy difícil imaginar cómo en este sistema podrían hacerlo de otra manera. ¿Por qué? Porque el sistema colapsó", explica el criminólogo Enrique Font. "Lo que queda claro es que las actas preventivas no tienen ninguna fiabilidad. Que es el instrumento que puede producir cualquier tipo de negocios. Y si no se reforma este sistema, y no sólo el procesal y la vinculación con la policía, difícilmente se pueda trabajar de otra manera. Mientras las cosas sean así, me parece que los jueces deberían tomar con extremo escepticismo los sumarios policiales y ser más receptivos respecto a sus impugnaciones", advierte el especialista.

Para el criminólogo, "si partimos del Poder Judicial que tenemos y observamos cómo investigan algunos jueces de instrucción delitos cometidos por la fuerza de seguridad, no tenemos ninguna garantía de que una policía judicial cambie nada". El especialista se refería a causas de violencia institucional, o de gatillo fácil, como las muertes de Carlos Gauna y David Juárez, abatidos por agentes. Los sumarios de ambos casos planteaban hipótesis de enfrentamiento dudosas o falsas.

"Si uno ve las sentencias judiciales recientes de la Cámara Penal en los casos Gauna y Juárez se puede observar que no fuimos los investigadores de la Universidad quienes cuestionamos a jueces como (Luis) Caterina o (Juan José) Pazos por investigaciones patéticas sobre la responsabilidad policial. Fue la Cámara Penal la que expresó que las investigaciones habían sido insuficientes e incorrectas. Que los jueces se equivocaron en esto, en aquello y en lo otro", sentencia.

"El control de la investigación policial en manos de los fiscales no tendría un impacto significativo con el Poder Judicial que tenemos. Jueces que trabajan acorde a derecho y de manera eficiente podrían aprovechar esto y se sacarían de encima la dependencia que tienen de la policía. Pero los que trabajan mal, y son muchos en Rosario, tendrían una herramienta más en sus manos para complicar aún más estas investigaciones", cuenta Font.

Un juez consideró que el 90 por ciento de las causas son iniciadas por la policía.