La secretaría de Medio Ambiente de la provincia se expedirá en dos semanas sobre el proyecto de Cargill

Arquitectos y ecologistas contra una millonaria inversión en Villa G. Gálvez

La anunciada radicación de un complejo oleaginoso y portuario junto a un barrio sigue recogiendo rechazos

Andrés Abramowski / La Capital

Villa Gobernador Gálvez. - Mientras la Secretaría de Medio Ambiente santafesina evalúa el estudio de impacto ambiental que la cerealera Cargill presentó para montar un complejo oleaginoso y portuario sobre la costa de esta ciudad, algunas entidades manifestaron un rotundo rechazo al proyecto. Entre ellas, ediles opositores, el Taller Ecologista y el Colegio de Arquitectos de la provincia, que en un durísimo documento calificó de "urbanicidio" la posible concreción de la millonaria inversión. En este sentido, coincidieron en exigir a la repartición estatal la convocatoria a una audiencia pública (ver aparte) según establece la ley.

A pesar de que el proyecto prevé una inversión de más de 150 millones de dólares, sus opositores esgrimieron variados argumentos en contra del predio elegido, lindero con pequeños barrios permanentes y de fin de semana cuyas urbanizaciones fueron reguladas por el municipio tres décadas atrás. Pero más allá de la negativa de algunos vecinos -otros se manifestaron de acuerdo- a querer convivir con una planta de estas características, hay cuestiones ambientales y urbanísticas que afectarían a toda la zona.

El desembarco de Cargill en Villa Gobernador Gálvez comenzó el año pasado. En noviembre, el Concejo aprobó con los votos de la mayoría oficialista una rezonificación en ese sector de la ciudad y cambió la nomenclatura de un distrito urbano de fin de semana a distrito industrial "para atender el pedido de Cargill de habilitar la zona como portuaria", recordó el edil socialista Luis Sánchez.

"Son de público conocimiento los pasos que se dieron y las presiones políticas de por medio para que el Concejo hiciera esa modificación en lotes que previamente correspondían a un área residencial", sostuvo en su duro documento el Taller Ecologista.

Un grupo de vecinos de esos barrios, que quedarían rodeados por el complejo aceitero, hizo diversos reclamos ante el municipio, el gobierno provincial y la Defensoría del Pueblo, y pidió la intervención de colegios profesionales y entidades ecologistas. El titular de Medio Ambiente, Marcelo Terenzio, se reunió con ellos y les pidió que aportaran información al respecto.


"Urbanicidio"
Las entidades se quejaron de no haber podido acceder al estudio de impacto ambiental que presentó Cargill, pero recibieron un informe preliminar de 78 páginas de la secretaría, sobre el cual realizaron sus críticas. Los detractores del proyecto coinciden en que éste afectaría una zona urbana, así como derechos adquiridos de los vecinos.

El Colegio de Arquitectos sentenció que "las medidas tomadas por las autoridades de Villa Gobernador Gálvez son un urbanicidio que atenta contra los intereses colectivos", y consideró: "Llamativamente, grupos poderosos se apropian de suelo urbano con soporte infraestructural existente como valor agregado construido por la sociedad, cuando lo deseable y técnicamente correcto debiera ser instalarse en zonas rurales adyacentes, con la suficiente y necesaria distancia de donde se recrea y materializa la experiencia humana".

Los arquitectos se refirieron a un "operativo tenaza" al que "se verán sometidos los barrios urbanos existentes", que quedaron rodeados de un distrito industrial. "Eso implica la destrucción de la vida urbana, con barrios sometidos a un fuerte y negativo impacto ambiental, paisajístico y de exclusión", dijeron, en referencia a los barrios Ibai-Ondo y Espinillo. "Con esta radicación -añade el documento- se terminará cercenando el frente costero, que como espacio público es recomendable incrementar".

Los profesionales afirmaron que "es obvio que los terrenos en cuestión son urbanos" y no suburbanos, y además rectificaron el informe de la provincia que afirmaba que había 16 viviendas que presentaban signos de ocupación: "La sola visita al lugar casi las triplica en existencia".

El edil Sánchez se refirió asimismo a una serie de normativas que impiden la radicación en ese lugar. "Los vecinos de una zona que desde hace tres décadas es urbana estarán obligados a vivir rodeados de industrias que afectarían su calidad de vida", dijo en un escrito dirigido a Medio Ambiente, en el que pidió que se utilizara para este caso "el mismo criterio" con el cual esta cartera rechazó la intención de la Municipalidad de Rosario de trasladar sus residuos a Alvear por no contemplar normas urbanas, ya que el predio estaba cerca de asentamientos humanos. Además, la ordenanza por la que se creó la zona industrial contradice la ley provincial de medio ambiente y se opone a otra ordenanza, aún vigente en Villa Gobernador Gálvez, que declara zona de reserva ecológica y área protegida a varios terrenos, entre ellos los que fueron rezonificados.

Especialistas recomiendan instalar las cerealeras alejadas de zonas pobladas.