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 miércoles, 24 de diciembre de 2003

Solá destrabó la crisis en derechos humanos
El gobernador decidió darle autonomía a la Comisión de la Memoria tras las graves denuncias de Carlotto

La intervención del gobernador de Buenos Aires Felipe Solá destrabó ayer el conflicto entre su administración y la Comisión Provincial por la Memoria planteado tras la renuncia de su titular, Estela Carlotto, quien denunció supuestos "manejos irregulares" de los fondos que administraba el organismo.

El gobernador se comprometió a eliminar del proyecto de presupuesto 2004 bonaerense el polémico artículo que le quitaba autonomía y autarquía a la Comisión Provincial por la Memoria, según anunció el titular de esa entidad, el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.

Luego de la renuncia de Estela de Carlotto, cuando la comisión pasó a ser presidida por Pérez Esquivel, el gobierno bonaerense propuso que la entidad pase a la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos y que se integre "al sistema administrativo y de rendición de gastos del Estado, algo necesario al financiarse con fondos públicos".

La polémica entre el gobierno bonaerense y la comisión se inició a principio de diciembre cuando su entonces titular, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, renunció por presuntas maniobras irregulares en el manejo de los fondos.

Carlotto acusó a la directora del equipo técnico, Gabriela Cerrutti, por el manejo de fondos y exigió "una investigación minuciosa de todo el presupuesto ejecutado hasta la fecha".


Las raíces del escándalo
Entre las irregularidades, la presidenta de Abuelas denunció la falsificación de su firma para solicitar dinero, "gastos excesivos para la publicación de la revista Puente, sueldos onerosos para algunos de los miembros del equipo técnico y la falta de pago a la Universidad Nacional de La Plata".

En consonancia con la denuncia de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, la secretaría sostuvo en un comunicado, que la comisión utilizó fondos "para otros fines" no previstos en el presupuesto y dijo que el gobierno "no persigue controlar ni neutralizar sus políticas, sino un adecuado control de los dineros del estado provincial".

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