Señales para restarle voltaje al conflicto

El presidente Néstor Kirchner recibió ayer a los piqueteros de la CCC, una de las alas dialoguistas del movimiento de desocupados, para atemperar el escenario de confrontación abierto la semana pasada.

El gobierno, además de dar un gesto claro con la reunión de la que participaron el referente de la CCC, Juan Carlos Alderete, y representantes de fábricas recuperadas, proyectó una señal política al seleccionar sin azar sus interlocutores y desactivar la posibilidad de crear una brigada especial antipiquetes.

Pero Kirchner fue por más: también firmó el decreto que transfiere a la Cooperativa Renacer los derechos del régimen de promoción industrial que poseía la ex empresa Aurora.

Aunque todo esto no alcanzó para tranquilizar a los llamados duros del movimiento de desocupados, en alerta por el pedido del fiscal federal Luis Comparatore para identificar y, eventualmente, detener a los piqueteros que hace una semana bloquearon el Ministerio de Trabajo.

Tratando de mantener un difícil equilibrio, el gobierno redibujó el mapa. La reunión con la CCC y la desarticulación de la brigada antipiquetes implicó un nuevo movimiento para volver a desplazar las fronteras que separan internamete a las organizaciones de desocupados.

Es, en rigor, una calle de doble mano: por una circula el equilibrio dialoguista con los sectores mayoritarios, donde Luis D'Elía (FTV) y Alderete juegan un rol clave, y por la otra se avanza en un contexto penal para dar señales que disciplinen.

Este mapa es legible sólo a la luz de las declaraciones surgidas desde el Ministerio de Trabajo: no hay más dinero para planes sociales y la distribución tiene un límite definido en el presupuesto.

Lo cual se traduce en diálogo con los sectores que accedieron a los planes y control de aquellos que siguen desfilando por la cartera para pedir la ampliación de los cupos.

Pocas imágenes más claras de la estrategia del gobierno que el ingreso de Alderete a la Casa Rosada ("por suerte no me agarró ninguna brigada en el camino", ironizó), mientras el fiscal pedía las órdenes de detención.

También la certeza que emitió el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, al asegurar que "no hay ninguna creación de brigadas especiales ni modificación de la política respecto a las organizaciones sociales".