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 viernes, 26 de octubre de 2007  
Marcha contra la inseguridad en Santa Fe

Marcelo Carné / La Capital

Santa Fe.— Las demandas de justicia y el reclamo de mayor seguridad no cesan en esta ciudad, donde las estadísticas en el departamento capitalino durante 2007 ascienden a la cifra de 91 homicidios.

   Como sucedió hace poco más de un mes en el coqueto barrio de Guadalupe con un estridente “alarmazo”, esta vez la protesta —de silenciosas pero elocuentes pancartas con fotos de las víctimas— tuvo como escenario la plaza de Mayo, frente a la escalinata de acceso a la Casa Gris.

   “Este gobierno se va, pero los funcionarios llevarán en su conciencia a todos nuestros muertos inocentes”, reza uno de los párrafos más críticos de la carta abierta suscripta por integrantes de la Asociación Civil de Familiares de Víctimas de la Inseguridad de la ciudad capital, que fue entregada a los medios de comunicación.

   “Esta es la segunda marcha de la que participo. Estuve en la de Guadalupe pocos días después de que asesinaran a mi madre, y ahora estoy aquí pidiendo que se investigue a fondo, se hagan todos los análisis de ADN necesarios, que el gobierno se ocupe y no se guarde la plata”, reclamó la hija de Delia Martín, la anciana asesinada de varias puñaladas en su domicilio del coqueto barrio Villa Setúbal, hace 40 días.

   “¿Cómo se combate la inseguridad?”, le preguntaron los periodistas a otro de los manifestantes. “No sabemos cómo, lo único que esperamos es que con el cambio de gobierno se garantice la seguridad de todos nosotros porque a los que ya no están no los podemos recuperar”, fue la respuesta.

   Los organizadores de la concentración prefirieron hacer pública por los medios una carta abierta en lugar de entregar un petitorio “porque todo lo que hemos solicitado ha sido ignorado dolosamente”, señalaron.

   En la misiva explican además que “nos congregamos para exigirle al Estado, que tiene la obligación de cuidar y proteger al ciudadano, pero hizo todo lo contrario. Nosotros tenemos obligaciones para con el Estado, pero hemos perdido nuestros derechos a pedir justicia para nuestros muertos y el derecho a la asistencia de las familias en conflicto, para que no haya otra Micaela asesinada por su propio padre”.

   Luego de cuestionar si “es necesario que la sociedad tenga que recordar a los gobernantes cómo deben realizar su trabajo”, concluyen afirmando que “tenemos memoria, y aunque todo esto nos marcó de por vida no nos quedaremos de brazos cruzados”. l
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