Reflexiones

Se desvirtúa el Presupuesto Participativo

Por Osvaldo Miatello (*)

Si en esta coyuntura hubiera que elegir un tópico que no conlleve discusión o rechazo entre las diferentes fuerzas políticas de la ciudad ése sería la mejora de la calidad institucional. Hay muchas razones para tamaño consenso, que no viene al caso analizar en estas breves líneas, pero no quedan dudas acerca de la sintonía fina que existe entre la sociedad y sus representantes a la hora de dar un lugar privilegiado en la agenda pública a cualquier esfuerzo por ensanchar los límites de la calidad de las instituciones. Y es en ese marco que deseo abordar uno de los mecanismos que aportan en esa dirección: el presupuesto participativo. Se trata de un excelente mecanismo de participación ciudadana que, lamentablemente, parece estar entrando en un cono de sombras producto de sucesivos desaires oficiales a la característica que le da sentido: cumplir la voluntad del vecino, que vota las prioridades y espera que sus gobernantes asuman el compromiso de satisfacer esas demandas, ya sea en la concreción de obras o en la puesta en funcionamiento de determinados servicios.

La crisis aludida se puede exponer en cifras y es conocida por todos, dado que los medios ya han difundido los datos que encienden una luz de alarma: respecto del año anterior, la votación del Presupuesto Participativo de 2007 muestra una importante baja en cuanto a la concurrencia de vecinos, y eso se constata a poco de comprobar que casi un 20 por ciento menos de vecinos participaron en 2007 en comparación con 2006.

Precisamente, promover la participación de los ciudadanos en la definición de una parte del presupuesto de Rosario exige, como cualquier instrumento de este tipo, que la ciudadanía vea cabalmente reflejado, en los hechos, lo que se discutió y decidió. Y ello no sucede.

Son numerosos los reclamos de los vecinos –hayan participado como consejeros o no– para que el Departamento Ejecutivo Municipal cumpla con lo que se votó. Durante este año, al igual que en el anterior, se han planteado en el Concejo Municipal numerosos pedidos de informes al Ejecutivo para que diga por qué razón las decisiones adoptadas por los vecinos a través del Presupuesto Participativo no se cumplen. En algunos casos se trata de obras relativamente costosas pero, en otros, son propuestas simples y fáciles de concretar, por ejemplo, instalar juegos en el Patio de la Madera, obra votada por el Distrito Centro y que aún no se ha cumplido. En ningún caso se justifica el incumplimiento, pero menos aún cuando se trata de realizaciones sencillas.

Tampoco ayuda un hecho denunciado por numerosos consejeros: desde el Ejecutivo se movilizaría a vecinos o militantes que responden políticamente al partido oficialista para que vayan a votar las propuestas que le interesan al Ejecutivo, aún apelando a trasladarlos gratuitamente hasta el lugar de votación. Eso tiene un cierto parecido con políticas clientelares que lejos están de lo que implica calidad institucional y participación ciudadana.

En el mismo sentido, cuesta comprender por qué el Ejecutivo insiste en violar la normativa vigente que exige que se aplique en el Presupuesto Participativo lo que se dio en llamar un "índice de carencia", que significa que el monto destinado al Presupuesto Participativo no se reparta en partes iguales en los distintos distritos, sino que se aplique un índice de corrección en base a indicadores sociales que privilegien a aquellos distritos que más lo necesiten. Lo más curioso es que dicha norma fue aprobada a instancia de la entonces concejala Silvia Augsburger, hoy diputada nacional y reconocida integrante del Partido Socialista.

El Ejecutivo ya se ha encargado de diluir la importancia de otro mecanismo de participación como es el Concejo en los Barrios. Y lo hizo a partir de un mecanismo muy sencillo que implica lisa y llanamente no ejecutar nada o casi nada de lo que el Concejo, uno de los dos órganos del gobierno municipal, decide, con lo cual desalienta la participación de los vecinos en las sesiones que todos los años nuestro cuerpo legislativo realiza, con buen tino, en los distintos distritos de la ciudad.

Y para evitar que el necesario debate alrededor de estos conceptos derive hacia otros ejes, es imprescindible aclarar que ambos mecanismos son, en mi opinión, aptos para mejorar la calidad institucional de nuestra ciudad. Sin embargo, trabajar como lo está haciendo el Ejecutivo, generando que la ciudadanía termine por desengañarse de esas herramientas, implica, más temprano que tarde, destruirlas.

(*) Vicepresidente primero del Concejo Municipal