Vía libre a la reforma de Chávez

El Congreso venezolano aprobó la Constitución que concentra la suma del poder público. El presidente podrá disolver provincias y aplicar el estado de excepción por tiempo ilimitado

Caracas. — El Congreso de Venezuela concluyó el debate de la reforma de la Constitución que le permitirá al presidente Hugo Chávez ser reelegido sin límites y concentrar poderes sin precedentes. El gremio de periodistas advirtió que la reforma atenta contra el derecho a la información, sumándose a las críticas de la Iglesia Católica y los organismos de derechos humanos.

   La Asamblea Nacional ( Congreso unicameral) completó oficialmente en la madrugada del jueves la reforma de la Constitución de 1999 tras aprobar 69 artículos en poco más de un mes, pese a que por ley tenía un plazo de dos años para hacerlo. Este dato evidencia el total dominio del oficialismo en el trámite de la reforma ante el Parlamento.

   El proyecto final será sometido a consulta popular el 2 de diciembre próximo. Quedará aprobada si el número de votos afirmativos es superior al de votos negativos.

   Entre los elementos relevantes del proyecto aprobado destaca el establecimiento de modalidades de propiedad que privilegian las cooperativas y al Estado. En ese sentido, se otorga potestad al Estado para ocupar un bien sujeto a expropiación ya durante el proceso judicial.



Superpoderes. Pero lo que más alarma provoca entre las reformas impulsadas es el nivel de poder que se concentrará en manos de Chávez. La nueva Constitución da amplios poderes al presidente para crear nuevas regiones geográficas y fragmentar las existentes, poniendo así a los actuales Estados venezolanos en riesgo. Sus constituciones serán asimismo derogadas a criterio del gobierno central. Además, Chávez tendrá el control total sobre el Banco Central, hasta hoy autónomo, y administrará a su discreción las reservas internacionales de Venezuela.

   Constitucionalistas locales y del exterior señalan que el derecho constitucional comparado no encuentra un caso similar de concentración de poderes, no al menos en el campo de los países democráticos. Asimismo, Chávez podrá decretar el estado de excepción, sin límite de tiempo (como impone ahora la Constitución) y suspender las garantías constitucionales, excepto las referidas al “derecho a la vida, y la prohibición de tortura, incomunicación y la desaparición forzosa, el derecho a la defensa y el no ser condenado a más de 30 años”.

   Los medios de comunicación, activistas de derechos humanos y la Iglesia Católica venezolana han elevado su rechazo y preocupación. Las autoridades eclesiásticas dijeron el viernes en un comunicado que la reforma “viola los derechos fundamentales del sistema democrático y de la persona”.

Detenciones arbitrarias. Marino Alvarado, de Provea, una de las principales organizaciones de derechos humanos, señaló que la reforma implica “que te pueden detener simplemente porque te consideren sospechoso; se dejan abiertas las puertas para las detenciones arbitrarias masivas”. La reforma crea así condiciones “favorables para violaciones masivas de derechos humanos”.

   La reforma podría permitir a Chávez permanecer en el poder indefinidamente, pues amplía el periodo presidencial a siete años y, sobre todo, elimina la prohibición sobre una segunda reelección inmediata.

   El diputado opositor Ismael García denunció que la actual Carta Magna sólo autoriza a los legisladores a modificar aquellas normas que “no modifiquen la estructura y principios fundamentales del texto constitucional. Se violaron las normas que permiten proteger la Constitución, la Asamblea no estaba facultada para esto”, dijo García.

   Por otra parte, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) advirtió que la reforma constitucional dejará en “indefensión informativa” a los venezolanos. En un comunicado, el CNP dijo que “la Asamblea Nacional, al eliminar caprichosamente y partidistamente el derecho a la información del artículo 337 de la Constitución coloca al ciudadano en un estado de total indefensión informativa, al negarle el derecho fundamental de estar debidamente informado”. l

Los diputados dieron luz verde a la reforma en un mes, cuando tenían dos años para considerarla.