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 domingo, 06 de mayo de 2007  
Cuatro jueces investigan cómo se generó la maniobra
Un jerárquico de la empresa refirió la existencia de un registro paralelo de títulos y acciones

Las denuncias por defraudación contra Ossola SA recayeron en cuatro juzgados y agrupan la acción penal de nueve accionistas estafados. Las primeras presentaciones fueron radicadas hace casi dos meses y en Tribunales son audibles las quejas por dilaciones para cautelar pruebas y convocar testigos que puedan detallar las maniobras de la firma. Los dueños de Ossola SA no fueron citados hasta el momento.

La jueza Alejandra Rodenas, que tiene la denuncia de cuatro damnificados, explica que la dispersión de las causas demora los trámites: los cuatro jueces -Raquel Cosgaya, Juan José Pazos y Javier Beltramone son los restantes- aguardan que la Cámara Penal asigne los expedientes a un solo magistrado ni bien se defina cuál es el primer caso.

No obstante, replica Rodenas, hubo medidas. Se espera que la Caja de Valores aporte un listado ya requerido sobre todas las operaciones de Ossola. Y esta semana una fuerza de seguridad nacional iniciará pericias contables de los archivos informáticos de la firma.


Dos años atrás
Hay evidentes indicios de maniobras desde el año 2005 órdenes de compra de acciones o bonos dadas a operadores por comitentes accionistas que luego no recibieron nada Aquí tanto abogados como funcionarios judiciales infieren gruesas omisiones del Mercado de Valores MV encargado de controlar la actividad bursátil que genera responsabilidad en ese órgano Las anomalías dicen se ven bastante antes de que el MV lo hiciera notar

Entre lo actuado en el tribunal de Rodenas resalta la testimonial brindada la semana pasada por un jerárquico, clave por conocer las entrañas de la agencia, que dio significativos detalles del registro paralelo de títulos de un usuario específico en una computadora y en un cuaderno.

No hubo allanamientos a Ossola, ni a los domicilios de sus titulares ni de sus operadores de bolsa. Pero en el juzgado de Rodenas ya acopiaron documental, como papeles sin valor emitidos como certificados de obligaciones incumplidas.

En los juzgados descuentan que alguna franja de damnificados no presentará demandas. Saben que denunciar acciones birladas implicará, para cada tribunal, la obligación de reconstruir la ruta del dinero de esas inversiones frustradas, lo que puede poner en evidencia fondos de origen negro. Hasta ahora, los accionistas que hicieron denuncias penales no son los que aparecen con mayores pérdidas en el listado de deudores de Ossola SA.
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