Los accidentes en las rutas y el "costo argentino"

Ha comenzado la temporada estival y las autopistas, rutas y caminos del país se ven desbordados por los vehículos que conducen a los turistas a sus tan anheladas vacaciones. Sin embargo, dramáticamente, algunos de ellos no llegarán al placentero destino que planeaban sino que pasarán a engrosar la nutrida lista de víctimas fatales de accidentes viales en la Argentina. ¿Cómo evitar los siniestros a alta velocidad, que la gran mayoría de las veces registran saldo luctuoso? ¿Cómo interrumpir la siniestra cadena que provoca que casi ningún habitante del país carezca de algún pariente, amigo o conocido fallecido en un accidente de tránsito? La mayor cuota de responsabilidad en la tragedia comentada pertenece, fuera de toda duda, a los propios conductores; pero no debe ignorarse la parte de culpa que le toca al Estado y que genera lo que algunos analistas han dado en llamar, con dolorosa ironía, el “costo argentino”.

   El pasado lunes a las 4.30 de la madrugada se produjo la que hasta ahora es la colisión más trágica del verano: un ómnibus que se dirigía hacia la costa atlántica se estrelló en las cercanías de la localidad de General Madariaga, en el kilómetro 41 de la ruta 56, y como consecuencia fallecieron cuatro personas, además de registrarse numerosos heridos, varios de ellos de gravedad. El accidente se suscitó cuando tras impactar contra el costado de un camión que se dirigía en sentido contrario, el chofer del colectivo perdió el control y terminó por incrustar el vehículo contra una alcantarilla ubicada en el ingreso a un puente que pasa sobre un canal que cruza la cinta asfáltica. Muchos pasajeros atravesaron el cristal delantero, al carecer de los tan necesarios cinturones de seguridad cuyo empleo debiera ser, a esta altura, una obligación ineludible.

   La ruta 56 es angosta y no tiene banquinas. Cualquier error que se cometa, cualquier imprevisto que se produzca y las consecuencias se pagarán muy caro. Sin embargo, no estaban previstas las obras de infraestructura destinadas a hacerla más ancha. El aparente fundamento de la decisión sería la escasa cantidad de vehículos que la recorren durante el año. Claro que dicha evaluación se relaciona con una frecuencia cuyo bajo promedio mensual resulta engañoso, dado que se obtiene mediante el contrabalanceo ejercido por la circulación del otoño, el invierno y la primavera, efectivamente escasa. Pero en enero y febrero dicha característica se revierte de modo drástico: numerosos automóviles recorren la carretera, dado que conecta con Villa Gesell y Pinamar. Y es entonces cuando ocurren los accidentes. He allí un ejemplo, entonces, del mentado y lamentable “costo argentino”: si el Estado hiciera lo que debe hacer, muchas vidas serían salvadas.

   En el opuesto y complementario extremo del arco, la negligencia individual se presenta como un factor de incidencia funesta. Tal cual atinadamente se observó en una columna editorial publicada hace pocos días por el periódico madrileño El País y que trataba del elevado número de muertos en las rutas de la Madre Patria, “el auténtico cambio vendrá cuando cada conductor tome conciencia de los peligros que entraña la conducción temeraria sobre terceras personas, sean ocupantes del propio vehículo o quienes se desplazan por la misma carretera”.

   Semejante conciencia dista de estar presente en muchos conductores argentinos, propensos en exceso a no cumplir con las normas viales. El editorialista del diario español cierra su texto con un concepto que vale la pena reiterar y compartir: “Cada conductor, como el piloto de un avión con centenares de pasajeros a bordo, ha de asumir que de su responsabilidad al volante depende la seguridad de miles de personas que se cruzan en su viaje”.

   Ya es hora de cambiar, tanto por parte del Estado como de los ciudadanos. La vida de cada uno se encuentra en juego.