Carbone liberó a 6 comerciantes detenidos por el affaire energético

La orden salió ayer por la tarde del despacho del magistrado. La causa podría dar marcha a nuevos allanamientos

Los seis comerciantes detenidos en el marco de la causa por fraude contra la Empresa Provincial de la Energía (EPE) quedaron liberados ayer por la tarde. Así lo ordenó el juez de Instrucción Nº 9, Carlos Carbone, quien lleva adelante la investigación. Sin embargo, no todo está dicho. Fuentes allegadas a la causa indicaron que podrían producirse nuevos allanamientos este fin de semana, ya que el magistrado estaría tras los pasos de otros comerciantes y propietarios de viviendas particulares. Estos también habrían contratado al grupo de empleados de la empresa que continúan detenidos, imputados por fraude y asociación ilícita.

  Ayer desde temprano los defensores de los seis comerciantes detenidos apuraban los trámites de su excarcelación y finalmente, por la tarde, consiguieron la orden del juez. Miguel Angel Rodríguez (de la casa de pastas Capriana), Marcelo Tenaglia y Martín Sánchez (propietarios de dos cíber), Héctor Trillini (de Soldamet), y Manuel García (del restobar Puerto del Aire), estuvieron detenidos desde el miércoles acusados de cometer fraude contra la administración pública.

  En cambio, la situación de los empleados de la EPE Pedro Catizone, Juan Carlos Spetale, Humberto Muriel y Daniel Ferrari, y del electricista Angel Colazo es más complicada. A este grupo se le imputa, además del delito de fraude, el ser integrantes de una asociación ilícita, motivo por el cual fuentes tribunalicias indicaron que Carbone “se tomará todavía unos días más para decidir sobre su situación”.

  Los once imputados declararon anteayer frente al magistrado y negaron todos los cargos. Además, se les hicieron escuchar grabaciones de conversaciones telefónicas donde algunos aseguraron no reconocer sus voces.

  En tanto, según indicaron fuentes del juzgado, Claudio López, el titular de pastas Capriana, todavía está considerado prófugo.

  La investigación de este fraude energético comenzó hace once meses, cuando directivos de la EPE presentaron la denuncia ante el juez Carbone. Según aseguran desde la empresa, un grupo de empleados había montado un servicio paralelo que consistía en la adulteración de los medidores para bajar los consumos de comercios e importantes viviendas particulares.

  En la empresa calculan que estas maniobras costaron a la EPE unos 70 millones de pesos por año. Dinero que el interventor, Luis El Halli Obeid, prometió recuperar.