La causa Claudio Capdevilla

Diputados pidió informes por la muerte de un policía

Los legisladores quieren saber cómo actuaron la policía y la Justicia al investigar el polémico caso

La Cámara de Diputados de la provincia aprobó el jueves dos pedidos de informes en torno a la causa judicial que investiga la dudosa muerte del agente de la Guardia Rural, Claudio Capdevilla, ocurrida el 5 de agosto en el departamento San Cristóbal. Además, los legisladores decidieron convocar para el próximo miércoles al subsecretario de Seguridad santafesino, Gustavo Peters, para que informe sobre el estado de inseguridad que se vive en los departamentos del norte provincial.

Los dos pedidos de informes aprobados en Diputados se asemejan a los realizados días atrás por la Cámara de Senadores y fueron presentados por el legislador Marcelo Brignone. En una de las solicitudes se requiere a la Corte Suprema de Justicia santafesina que se remitan a la Legislatura los antecedentes en torno al voluminoso expediente caratulado como "suicidio" que se sustancia en el juzgado de Instrucción de San Cristóbal, a cargo del juez Aldo Precerutti, mientras que el otro es para que el Poder Ejecutivo informe sobre las actuaciones del citado magistrado desde su designación en 1989.

De esta manera la investigación sobre la muerte de Claudio Capdevilla volvió al primer plano del escenario legislativo después de que hace 15 días los senadores radicales Felipe Michlig y Carlos Fascendini hicieran lo propio en la Cámara alta. Entonces, los legisladores sostuvieron que "es necesario contar con la información oficial sobre cuál fue y cuál es el accionar del juez en esta causa para determinar si realmente obró con capacidad, de manera diligente y competente a fin de esclarecer un hecho que aparentemente se cobró la vida de un hombre y dio paso al accionar impune de una red de corrupción, connivencia y narcotráfico".

Capdevilla, de 30 años, fue hallado muerto un día después de que el juzgado federal de Reconquista ordenara la libertad del narcotraficante Aldo Ferrero, quien cinco meses antes había sido apresado por el mismo agente cuando transportaba por rutas de San Cristóbal un cargamento de 154 kilos de marihuana. Desde entonces, la familia del policía sospechó de que Claudio había sido asesinado y vio entorpecido su acceso al expediente que el juez Precerutti rápidamente archivó bajo la carátula de "suicidio".

De acuerdo a lo manifestado por Brignone, llaman la atención "las declaraciones contradictorias de los funcionarios del gobierno respecto del caso" y recordó que "mientras el secretario de Derechos Humanos, Domingo Pochettino, sostuvo que la muerte del guardia rural no fue un suicidio, el subsecretario de Seguridad Pública apoyó la teoría policial de que Capdevilla se había quitado la vida".

Para el legislador, "las circunstancias que rodean al hecho plantean serias dudas sobre la causa de la muerte y al mismo tiempo presentan indicios que podrían corresponderse con la comisión de un delito".