Estafa profesional. 17 personas podrían ir a juicio por formar una asociación ilícita

Diez abogados procesados por fraudes en concursos de acreedores

La Justicia los acusa por crear empresas truchas con el fin de reclamar deudas falsas en convocatorias y en detrimento de los verdaderos acreedores. Sólo uno de los letrados seguirá detenido. El fallo no está firme

Ariel Etcheverry- María L. Cicerchia / La Capital

Diecisiete personas fueron procesadas en la megacausa que investiga una serie de estafas cometidas en el marco de concursos preventivos a través de la presentación de empresas inexistentes que reclamaban créditos falsos en perjuicio de los verdaderos acreedores. Diez de los afectados por la medida judicial son abogados que litigaron presentando escritos, poderes y firmas en favor de las firmas truchas. Además, de las cinco personas que se encontraban presas, sólo un letrado seguirá detenido ya que la Justicia lo consideró líder de una asociación ilícita, lo que impide su excarcelación. Los restantes implicados comenzaron ayer mismo los trámites para recuperar la libertad.

La medida fue dictada por la jueza de Instrucción Raquel Cosgaya, quien desgranó sus argumentos en un dictamen de 146 páginas. El fallo no es condenatorio sino que expresa un grado de sospecha suficiente como para someter a juicio a los acusados. Ayer se esperaba que los defensores de estas personas presenten una apelación para que la Cámara Penal revise la sentencia.

En su dictamen, Cosgaya describió cómo operaba la organización que tendría al abogado Jorge Fernández Méndez como el principal imputado. Fue por eso que la jueza lo consideró como "jefe y organizador de asociación ilícita, responsable de seis hechos de estafa procesal y partícipe primario del delito de quiebra fraudulenta". Este profesional fue quien en definitiva recibió de parte de la magistrada el reproche más grave. Por eso continuará detenido y le trabó un embargo sobre sus bienes hasta alcanza la suma de 800 mil pesos.

Además de asociación ilícita, la resolución hace mención a otros delitos concatenados a ese, como "quiebra fraudulenta" y "estafa procesal". La jueza les adjudicó a los 17 sospechosos distintos grados de responsabilidad o participación en la causa.

Los otros profesionales del derecho alcanzados por el fallo son Paulo Martín Di Sciacio, Carlos Hernán López, Luciana Massagli, Alejandra Landri, Diego Ariel Orce, Mariela Silvana Bruno, Claudio César Russo y Javier Tissot. La medida también alcanzó a otras personas que no son abogados como Martín Romero Acuña, los hermanos Rolando, Marcelo y Francisco Mié, María Laura Lomónaco y Beltrán Morales.

La investigación se inició en 2003 cuando el síndico de la quiebra de la empresa Granero Argentino denunció una presunta quiebra fraudulenta que se venía dando en un juzgado civil. A partir de entonces y durante todo este tiempo la causa avanzó y se abrieron once expedientes "colaterales", en los cuales se detectaron distintas maniobras irregulares. Durante la pesquisa, la jueza descubrió no sólo empresas truchas que ingresaban ilegalmente a los concursos de acreedores sino también firmas o comercios que existían realmente, pero que no estaban en funcionamiento.

De acuerdo a lo que se desprende del fallo, las maniobras consistían en que un grupo de personas conformaba empresas truchas y reclamaban deudas en el marco del concurso preventiva de acreedores de una empresa real con la que previamente acordaban la maniobra. De esa forma intentaban sustraer bienes de la masa de acreedores, simulando pasivos inexistentes y perjudicando a los verdaderos acreedores.

La jueza Cosgaya destacó que en este ardid "los abogados tenían un rol importante porque cooperaban firmando escritos, presentando poderes y solicitando medidas, valiéndose de su profesión".

De acuerdo a fuentes de la investigación, la asociación ilícita que al parecer integraban estos abogados tenía tres líneas de acción. En la principal fue donde se comprobó, de acuerdo a las pruebas reunidas, el papel preponderante de Fernández Méndez y Di Sciacio, con López y Massagli en un presunto segundo plano y con Romero Acuña como presunto testaferro, apareciendo como titular de un par de empresas inexistentes.

Las pruebas sobre las que se basó la jueza se centraron en la información obtenida de los juzgados civiles donde se tramitaban los concursos de acreedores. También se estableció que los domicilios constituidos por las firmas truchas eran falsos. Por ejemplo, en el caso de la empresa Indio, supuestamente radicada en San Luis, había un galpón desocupado. En el caso de Naipa, en la que aparecía Romero Acuña y tenía su dirección en Buenos Aires, había en su lugar una casa de familia.

A pesar de las numerosas medidas adoptadas, que incluyeron un viaje de la magistrada hasta la provincia de Tierra del Fuego, Cosgaya destacó que aún restaban una serie de actuaciones por realizar, lo que significa que el caso aún no está cerrado.

Vale recordar que la jueza aún enfrenta en la Cámara de Apelaciones un pedido de recusación presentado hace unas semanas por los abogados defensores del principal imputado, Jorge Bedouret y Paul Krupnik, quienes la acusaron a ella y a uno de sus más cercanos colaboradores de ser "parciales".

El tribunal de alzada también tiene para resolver otra solicitud de los mismos letrados para que el expediente cambie de juzgado y se acumule en el tribunal presidido por María Luisa Pérez Vara (Instrucción Nº5), donde Fernández Méndez tiene una causa abierta anterior.

Por su lado, Carlos Varela y Analía Colombo, patrocinantes de Carlos López (otro de los imputados), señalaron que el hecho de su cliente recupere la libertad "nos permitirá evaluar con más detenimiento y tranquilidad si la resolución (de procesamiento) se ajusta a derecho. Creemos que el tiempo de detención que sufrió fue prolongado".

La jueza sigue con las investigaciones más allá del dictamen.