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 sábado, 29 de octubre de 2005  
De Vido: "Dejen de tener miedo e inviertan en el país"

Buenos Aires- El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, hizo hoy un llamado a los empresarios a "dejar de tener miedo" y empezar a invertir en la Argentina, y aseguró que en materia energética el país estará en el corto plazo a la altura del crecimiento económico de los últimos tres años.

"Hay que tener más audacia, creer más en el país y dejar de tener miedo", sostuvo De Vido a radio América, al tiempo que remarcó que los empresarios "hace tres años que vienen teniendo miedo" de invertir.

De todos modos, el ministro puso de relieve que "más que empresarios, hay algunos analistas más interesados en que no haya energía que en que se resuelva el problema".

Con todo, aseguró que "se van a hacer las inversiones necesarias para que la Argentina desde el punto de vista energético esté a la altura de los requerimientos de un nivel de crecimiento del Producto Bruto Interno como el de los últimos tres años".

De Vido afirmó que con las empresas concesionarias de los servicios públicos privatizados "virtualmente está todo negociado".

Destacó que las negociaciones "están en distintas etapas de tramitación, algunas en el Congreso, otras camino al Parlamento, y otras ya están dentro del Poder Ejecutivo para ser firmadas".

"De acá a fin de año, tal cual lo establece la Ley de Emergencia, gran parte estará terminado", remarcó el funcionario.

Asimismo, puntualizó que "cada uno de los contratos que se va negociando tiene la renuncia (a los juicios) del CIADI, de manera progresiva".

"A medida que va avanzando el cumplimiento del acuerdo, avanza la renuncia en el CIADI. Esto lleva un tiempo pero el camino es unívoco", señaló De Vido.

Las demandas que las empresas privatizadas y otras compañías extranjeras presentaron en el Tribunal Arbitral del Banco Mundial (Ciadi), son por una cifra superior a los 20 mil millones de dólares.

Las privatizadas recurrieron a diferentes argumentos para sostener sus demandas ante ese tribunal.

Afirman que por la pesificación y congelamiento de sus tarifas sufrieron fuertes pérdidas y, por lo tanto, deben ser indemnizadas.

También aseguran que recibieron un trato injusto e inequitativo por parte del Estado, y reclaman la adecuación de los contratos con el fin de mantener "una ganancia justa y razonable". (DyN)
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