Las terribles carencias de los internos psiquiátricos en la cárcel

Un "corralito" de penurias en Coronda

Un informe oficial destaca la falta de remedios, ropa y camas para 25 personas. Y postula un cambio de proyecto

Corralito es el modo en que es conocido el pabellón psiquiátrico de la cárcel de Coronda, donde actualmente se encuentran 25 internos. Allí, dos meses atrás, se convocaron profesionales de la Dirección de Salud Mental de la provincia que elaboraron un informe sobre las devastadas condiciones en las que se hallaba el sector, en pos de concretar su cierre definitivo para dar paso a la implementación de nuevos departamentos de Salud Mental en cada cárcel. El equipo encontró un cuadro apremiante: faltaban desde medicamentos hasta instrumentos básicos de control médico, ropa de vestir y de cama, vidrios, calefacción. Destacaban la presencia de ratas, chinches y otras alimañas. Concluyeron que las condiciones en las que estaban los internos eran violatorias de sus derechos, una consideración que ya se encontraba en un informe que realizó la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC) cinco años atrás (ver aparte).

El inicio de las tareas abordó cuestiones tan básicas como sistematizar los datos vitales de los internos y realizar su historia clínica, además de desratizar y desinfectar el sector y realizar reparaciones básicas al edificio.

El diagnóstico proyecta el cierre del pabellón, para la implementación de un departamento de Salud Mental en cada una de las cárceles, que se complementará con dos dispositivos interdisciplinarios de asistencia clínico-jurídicas, uno en Santa Fe y otro en Rosario, con la auditoría de la Secretaría de Derechos Humanos y organizaciones no gubernamentales que ya trabajan con la problemática carcelaria. El informe se conoció a días de la firma de un convenio entre la repartición de salud y el Servicio Penitenciario provincial.

El nuevo proyecto pretende brindar la asistencia adecuada a las personas que por sus condiciones clínicas específicas no pueden realizar un tratamiento en hospitales públicos de salud mental, más allá de que hayan sido declaradas inimputables. Las condiciones a las que refiere abarcan desde una compulsión extrema a la violencia o la inminencia de modalidades de pasaje al acto - que ponen en riesgo la vida propia de los internos o de otras personas-, la falta de respuesta al abordaje psicoterapéutico o al tratamiento farmacológico y también la negativa o la imposibilidad absoluta de acceder al tratamiento en condiciones de mayor libertad.


Ni remedios, ni ropa, ni vidrios
El equipo que realizó el informe - compuesto por un psiquiatra, un psicólogo, un médico clínico, dos enfermeros y un abogado- consideró que los internos alojados en el pabellón se encontraban en riesgo por las deficiencias de habitabilidad, higiene y asistencia. Que el tratamiento psicoterapéutico era deficitario y no incluía -como tampoco para la mayoría de los demás internos- "actividades recreativas, laborales u otras prácticas que que permitieran aliviar el aislamiento, la cosificación y el sentimiento de abandono". Los internos no contaban con una historia clínica actualizada, ni elementos para realizar un control de rutina ya que no había "tensiómetros, gasas, antisépticos ni cajas de curaciones". Comprobaron que la medicación era inadecuada, discontinua y con pocas posibilidades de elección.

Durante estos dos meses, el equipo relevó los datos vitales de los internos (peso, altura, masa corporal, presión arterial), además de ordenar análisis clínicos y de laboratorio. También regularizó la provisión de psicofármacos. Con esos elementos, establecieron un cambio en los esquemas de medicación y tratamiento, con entrevistas, seguimientos y controles semanales de la evolución de los internos. También realizaron reuniones de capacitación del personal de enfermería.

Y se encargaron de tareas menos específicas, como la desinfección, desratización y eliminación de chinches; además de la provisión de sábanas, frazadas, ropa, vidrios y estufas.

A esas tareas básicas les sumaron actividades de recreación para los internos.

El proyecto prevé el cierre definitivo del Corralito y la implementación de los nuevos dispositivos de Salud Mental dentro de las cárceles, aunque el objetivo de máxima es que los pacientes puedan cursar su tratamiento en los hospitales públicos de Salud Mental, ni bien sus condiciones psicofísicas se lo permitan, tal como la ley lo prevé.

Tras los muros de la cárcel se esconden tristes realidades para los enfermos.