Reflexiones

Por un medio ambiente sano y sustentable

Ricardo Cicarelli / La Capital

Desidia es la primera palabra que viene a la mente cuando se observan algunos de los hechos que, en los últimos tiempos, vienen sacudiendo a nuestro medio ambiente. Falta de difusión de los derechos medioambientales, desinterés por parte de ciudadanos e instituciones, ausencia de estudios diagnósticos serios, recelos entre la sociedad civil y el Estado al momento de actuar, y la lista se extiende.

Basta con repasar algunos de los temas con los que venimos trabajando en la Defensoría del Pueblo (y que, desgraciadamente, no siempre toman carácter público) y otros de amplio conocimiento.

Los distintos focos de incendio producidos en las islas que se encuentran frente a la ciudad de Rosario han despertado la indignación general. Pero una vez finalizado y disipado el molesto humo, cabe preguntarse cuáles son los estudios realizados orientados a evaluar el impacto ambiental del hecho y cuáles son las precauciones que se tomarán en adelante. Como respuesta, tenemos por ahora un gélido silencio.

El añorado puente Rosario-Victoria no ha contado con estudios diagnósticos cabales de impacto ambiental, ausencia que impedirá obtener con la facilidad que se debiera un monitoreo serio de la evolución o involución del medio ambiente involucrado.

Un tema aún no difundido, pero en estado latente, es el de las consecuencias del dragado del río Paraná. En la Defensoría del Pueblo hemos recibido quejas de vecinos de la isla La invernada según las cuales la metodología empleada para el dragado del río está erosionando severamente sus costas. De acuerdo a las actuaciones que venimos llevado a cabo, se nos informa que el deterioro de las costas de las islas está en estudio y que podría deberse a efectos no deseados de la construcción del puente Rosario-Victoria o a fluctuaciones propias del río. Podríamos haber accedido a respuestas seguras o a evitar el problema si se hubiera contado con estudios de impacto ambiental previos al inicio de las tareas de dragado. Dicho sea de paso, que no podemos disponer de datos del Ente Regulador que debería controlar la concesión del dragado, debido a que jamás fue constituido, incumpliendo con el decreto nacional Nº863193, que así lo disponía.

Este hecho ejemplificador nos lleva a preguntarnos si el asentamiento de nuevas industrias sobre la vera del Paraná contempla los debidos estudios de impacto ambiental. La llegada de nuevas industrias es saludada por todos con beneplácito, pero no puede ser librada al azar y el progreso económico no tiene por qué implicar el deterioro del medio ambiente. ¿De qué sirve el desarrollo económico sin un medio ambiente digno en el cual volcar esa prosperidad?

Es justamente en pos del desarrollo económico que se desata una verdadera catástrofe para nuestro medio ambiente. Se trata de la pesca indiscriminada a lo largo del río Paraná. La devastación de especies ictícolas y las consecuencias en la cadena alimentaria, con el consecuente daño al medio ambiente de un río que es vehículo de vida no sólo para los seres humanos sino también para las variadas especies de la fauna y la flora que lo hacen único.

Y es desde río arriba que llega otro problema para nuestro medio ambiente. Se trata de las consecuencias del funcionamiento de las grandes represas que producen alteraciones profundas en el ecosistema.

Dos temas que merecerían un análisis particular y propuestas concretas en consecuencia, se refieren al tratamiento de residuos y al transporte público. No existe una política coordinada en la región acerca del tratamiento de residuos domiciliarios y, lo que es peor, tampoco existe en lo referente al tratamiento de residuos patológicos y patogénicos. Los residuos no tratados son contaminantes a través del agua (debido a su incidencia en las napas subterráneas), del aire (a partir de la incineración) y del suelo (como consecuencia del relleno sanitario).

El transporte público también amerita un tratamiento de índole regional, dado que la contaminación que producen, tanto acústica como aérea, no conoce límites interjurisdiccionales.

Ambos problemas afectan por igual a Rosario y a los municipios y comunas vecinas. La solución, por lo tanto, debería buscarse en forma conjunta.

En todos estos casos, existe un común denominador: la ausencia de estudios serios de impacto ambiental, que permitan establecer un seguimiento de la situación del medio ambiente y que, por sobre todas las cosas, permitan prever catástrofes o desequilibrios del mismo que puedan impactar en nuestra vida.

Es por eso que, además de perseguir como presupuesto básico de cualquier política en materia de medio ambiente la obligatoriedad de los estudios de impacto ambiental, e intentando evitar la clásica queja intrascendente, se formulan a continuación tres propuestas concretas de acción a impulsar desde el Estado.

La coordinación de objetivos y esfuerzos orientados a la preservación de un medio ambiente sano y sustentable entre el Estado y la sociedad civil, representada por las organizaciones no gubernamentales (0NG,s) del área.

Son numerosas las organizaciones de este tipo que luchan desde el llano y con medios limitados aunque sin falta de ímpetu, por la defensa del medio ambiente. Pero también existen instituciones dentro del marco del Estado, como la Defensoría del Pueblo, que luchan silenciosamente (o silenciadamente) por esos derechos. La coordinación de objetivos, de accionar y del recurso más importante (el recurso humano) entre el Estado y la sociedad civil, pueden constituirse en el pilar más importante de la preservación del medio ambiente.

La concientización de los ciudadanos a partir de la difusión de la ley de medio ambiente de la provincia de Santa Fe Nº11717 y sus decretos reglamentarios Nº1844/02 y 101/03. Actualmente se utiliza esta metodología con los derechos del consumidor, ¿por qué no hacer lo propio entonces con el derecho a un medio ambiente sustentable?

La Secretaría de Estado de medio ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia es el organismo de aplicación de dichas normas. En los hechos funciona con corrección, pero como lo hace a partir de las denuncias recibidas, y dado el alto grado de desconocimiento de las normas, queda la sensación de que sus actuaciones son insuficientes. Es por eso que el ciudadano debe tomar conciencia de lo que hay en juego, para que haga valer sus derechos impulsando el funcionamiento de las estructuras del Estado que están listas para actuar y que pueden hacerlo efectivamente.

La introducción del derecho a un medio ambiente sano y sustentable en la Constitución provincial, aprovechando la inminente reforma de la Carta Magna local.

La reforma de la Constitución nacional acaecida en 1994 consagró la defensa de los intereses de incidencia colectiva en materia medioambiental. Los santafesinos nos encontramos ahora ante la oportunidad histórica de hacer lo propio mediante la anunciada reforma de la Constitución provincial, dotando de la mayor jerarquía a los derechos medioambientales.

Estas tres propuestas no pretenden ser exhaustivas, tan sólo aspiran a actuar como un impulso para la acción concreta por parte de ciudadanos e instituciones, y para que en un futuro no muy lejano, podamos seguir contando con un medio ambiente sano y sustentable y no tan sólo con 1/2 ambiente.

(*)Defensor del Pueblo adjunto.

Zona Sur, provincia de Santa Fe