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 sábado, 20 de septiembre de 2003

La Justicia pidió informes sobre los bienes de Rodríguez Saá

La Justicia federal porteña pidió a su par de San Luis informes sobre sociedades atribuidas a los hermanos Adolfo y Alberto Rodríguez Saá o familiares directos, entre ellas una que se dedicaría a la cría de faisanes, en una causa que investiga a todos por supuesto enriquecimiento ilícito.

Apenas llegue la respuesta de la Justicia de San Luis, desde el Juzgado federal 10 se dará vista al fiscal Jorge Di Lello para que resuelva si los Rodríguez Saa deben justificar su patrimonio, explicaron fuentes de la causa.

Técnicamente, se pedirá al fiscal que formule un "requerimiento de justificación de bienes" previsto en el artículo 268 del Código penal y considerado paso previo a resolver si se cita a los investigados a declaración indagatoria.

"La ley establece que si el requerido no justificara debidamente su patrimonio, el siguiente paso es la indagatoria como acto de defensa", explicaron los investigadores.

En el exhorto enviado desde el Juzgado federal 10 se solicitaron informes sobre varias sociedades, una de ellas propietaria de al menos un diario y una radio; balances actualizados y datos sobre los dueños de distintos terrenos.

De acuerdo a denuncias hechas en la causa que lleva más de tres años de investigación y acumula diez cuerpos de expedientes, en uno de esos terrenos con actividad no declarada habría un criadero de faisanes.

El Juzgado federal 10, vacante y a cargo provisoriamente de Juan José Galeano, pidió datos "actualizados" sobre las fechas de formación de las sociedades y sus integrantes.

Es que un primer informe recibido en el juzgado fue considerado incompleto porque, por ejemplo, no incluyó datos sobre propietarios de medios de comunicación atribuídos a los Rodríguez Saá ni asambleas de socios hechas en los últimos años.

La causa Rodríguez Saá está a cargo del mismo equipo que investigó, procesó y envió a juicio oral acusada de enriquecimiento ilícito a la ex funcionaria menemista María Julia Alsogaray.

La investigación apunta a determinar si el ex gobernador de San Luis y ex Presidente por una semana o su hermano -actual mandatario en su provincia- usaron testaferros para ocultar bienes, como sostiene la denuncia inicial.

El impulsor de la causa contra los puntanos fue un ex diputado provincial de San Luis Juan José Laborda Ibarra.

En reiterados escritos presentados ante la Justicia, los abogados de la familia, Alberto Zuppi y Pablo Jacoby, desmintieron las acusaciones y justificaron los bienes atribuídos a los puntanos.

Adolfo Rodríguez Saá fue sobreseído el año pasado en otra causa judicial que lo investigó por supuesto abandono del cargo, en la semana en que ejerció la Presidencia de la Nación tras la crisis que desencadenó la renuncia de Fernando de la Rúa. (Télam)

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