Acorralados. Histórica decisión sobre la obediencia debida y el punto final

Diputados aprobó la nulidad de las polémicas leyes del perdón

Rotundo aval a la intención del Ejecutivo para juzgar en el país a los represores. El tema será debatido en el Senado

Los diputados aprobaron anoche la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida, en un gesto de fuerte carácter político, alineado con la posición del Poder Ejecutivo de que los acusados de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar sean juzgados en la Argentina. La mayor parte del PJ, el conjunto del ARI, el Frepaso y los partidos de izquierda votaron a favor, mientras que el grueso de la UCR se abstuvo y los provinciales votaron en contra. A partir de la aprobación de estos proyectos, que ahora deberán ser tratadas por el Senado, la decisión de avanzar en el juzgamiento de quienes incurrieron en delitos de lesa humanidad queda en manos de la Corte Suprema.

El proyecto aprobado declara "insanablemente nulas" las leyes de punto final y obediencia debida, que en 1986 y 1987, durante el gobierno de Raúl Alfonsín y tras las rebeliones carapintadas, frenaron los juicios contra los responsables del terrorismo de Estado.

Los diputados completaron la expresión de una sesión histórica con la aprobación, por unanimidad, del proyecto del Poder Ejecutivo que otorga jerarquía constitucional a la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad, y votarán también otro que incorpora los principios del tratado en el Código Penal.

De la propuesta original fue eliminada la anulación de los indultos presidenciales, una prenda de cambio del acuerdo entre los bloques. Las tres votaciones buscan eliminar obstáculos legales y entregar nuevas herramientas jurídicas para avanzar en los procesos contra los militares.

Si el lunes el justicialismo quería postergar una semana la sesión para cohesionar a su bloque detrás de una propuesta que evitara la palabra nulidad y, de ser posible, acordar con la UCR, las señales llegadas desde la Casa Rosada terminaron por empujar al oficialismo hacia la posición de máxima.

Es que, ante la imposibilidad de pactar con los radicales, la única forma que tenía el PJ de aprobar un proyecto con un margen importante de votos era encolumnarse con el ARI y la izquierda detrás de la anulación.

El justicialista Juan Manuel Urtubey y la jefa del ARI, Elisa Carrió, fueron los principales defensores de la viabilidad del proyecto.

Urtubey, un diputado salteño a quien ahora sus viejos compañeros de ruta del menemismo critican por su énfasis oficialista, repasó la jurisprudencia que cuestiona la constitucionalidad de las leyes y, con la mirada puesta en el bloque radical, recordó las palabras usadas por el constitucionalista Reynaldo Vanossi, entonces diputado de la UCR, cuando defendió la declaración de nulidad de la autoamnistía dictada por los integrantes de la dictadura.

Los radicales se parapetaron en los cuestionamientos jurídicos para fundar su oposición. Pascual Capelleri criticó que el "Congreso borre con el codo lo que escribió con la mano" y aseguró que la sanción iba en contra de los principios de seguridad jurídica e irretroactividad de las leyes. "Si ustedes se quieren dar el gusto y cumplir con una orden presidencial, no hay ningún problema", espoleó después Noel Breard, también de la UCR.

Carrió contestó cada uno de los argumentos jurídicos opuestos por los radicales, apoyada esencialmente en la tensión entre las leyes y artículo 29 de la Constitución, según el cual si el Congreso concede a otro poder del Estado "facultades extraordinarias" el acto llevará consigo una "nulidad insanable". Sin embargo, más allá de las diferencias jurídicas, la diputada subrayó el carácter político de la decisión al asegurar que, en el futuro, "lo que nadie va a poder borrar es esta declaración histórica" del Congreso.

La participación de Ricardo Bussi, diputado de Fuerza Republicana e hijo de quien fuera gobernador de Tucumán durante la dictadura, terminó por inclinar el debate hacia el sentido histórico de la nulidad (ver página 4).

Tenemos que recuperar la capacidad de impartir Justicia y enfrentar la impunidad, que se volvió estructural en la Argentina", contestó Patricia Walsh, la diputada de Izquierda Unida que convocó a la sesión especial de ayer.

En Rosario, simultáneamente como en los grandes centros urbanos del país, se realizó una marcha y posterior concentración. Una nutrida columna unió ayer, a partir de las 14, las plazas Pringles y San Martín, donde se realizó un acto frente a la ex Jefatura de Policía.

El acto, que tuvo carácter multisectorial, fue convocado por la Asamblea Nacional de Trabajadores (ANT), bajo las consignas: "Cárcel a los genocidas de ayer y de hoy; juicio y castigo a los responsables de la masacre de diciembre del 2001; juicio y castigo a los responsables de la catástrofe previsible de Santa Fe", todo en el marco de la movilización popular para exigir la anulación de las "leyes del perdón".

A las 23.40, la Cámara baja dio la media sanción.