Comisión para evaluar a chicos detenidos

El ministro de Gobierno, Roberto Rosúa, conformó una comisión multisectorial para evaluar las acciones que se desarrollan hacia los menores detenidos por causas penales. La entidad, que deberá producir informes cada diez días, supervisará un universo amplio: condiciones de detención, programas de rehabilitación, y situación del tratamiento tutelar entre ellas.

   La decisión fue adoptada en el curso de un año marcado por una crisis exacerbada en el tema: jueces que liberaban a menores que debían quedar detenidos por la falta de ámbitos idóneos para contenerlos, un incendio aún no aclarado en el que murió un chico de 16 años en el Irar y un fallo crítico de la Corte Suprema provincial por la precaria infraestructura en los sitios de detención.

   Fue la Corte santafesina la que, en mayo pasado, instó a la integración de esta comisión. Que ahora quedó constituída por una resolución de Rosúa.

   En la integración de la comisión estuvieron el secretario de Gobierno, Walter Gálvez; el representante de la Dirección Nacional de la Niñez, Enrique Ierino; el subsecretario de Derechos Humanos, Alfredo Vivono; la secretaria del área de Niñez y Adolescencia de la provincia, Luisa Donni; la directora del Menor en Conflicto con la Ley Penal, Elba Ballore; la representante de la Corte Ana María Elvira; el juez de Menores Juan Artigas; Gustavo Lorenzo, por la Defensoría del Pueblo, el representante del Irar y el sacerdote Tomás Santidrián.



Distinciones. “Existen varios abordajes de la cuestiones relacionadas con los menores. Algunos con fuerte carga doctrinaria, otros con carga ideológica y una tercera posición que está enmarcada en la impronta de resolver los problemas rápidamente. Hay distintas vertientes del pensamiento y de la acción de los hombres y mujeres preocupados por la problemática del menor con distintas posiciones en lo que a la acción concreta respecta y algunas veces, encontradas entre ellas”, dijo Rosúa.

   Ese comentario ayer generó matices en Tribunales. “No hay ninguna ideología en señalar que hace años que no existen planes integrales de recuperación de menores detenidos, o que hay eternos hábeas corpus interpuestos por su situación infrahumana. O que debió cerrarse el CAT de Dorrego al 900 por dictamen de la Defensoría del Pueblo de la Nación a dos años de inaugurado por ser un desastre”, dijo a este diario una fuente judicial.