Una entidad civil repudió las amenazas a la jueza Cosidoy

La Asociación Civil Anticorrupción brindó ayer en Rosario un enérgico respaldo a la jueza federal Laura Inés Cosidoy a raíz de sus denuncias de connivencia policial con el narcotráfico en la provincia de Santa Fe. Los integrantes de la organización nacional repudiaron las amenazas denunciadas por la magistrada y le exigieron al gobierno provincial que arbitre “todas las medidas conducentes” a fin de garantizar su integridad física.

   La magistrada federal recibió el apoyo de la entidad civil tres días después de denunciar las intimidaciones que, según reveló, le hicieron llegar a través de amigos. La vocal del Tribunal Oral Federal Nº 1 de Rosario dejó en claro que conoce a quienes le enviaron el mensaje mafioso y así lo hizo saber en la fiscalía federal en turno. Si bien Cosidoy se negó a dar a conocer a la prensa el nombre de quien le hizo esas manifestaciones a su amigo, confirmó que “se trata de un comisario inspector retirado” y subrayó que sabe quién es.

   El recado contenía una clara advertencia: “Me mandaron a avisar que me podía ocurrir lo mismo que al comisario Alfredo De Félix, con lo que me dejaron entender que el ex jefe de Drogas Peligrosas no murió por un accidente de tránsito como se dijo, sino que se trató de un atentado”, contó la magistrada, en referencia al ex titular de Drogas Peligrosas de la provincia, fallecido en un extraño accidente automovilístico en agosto del año pasado.

   En una rueda de prensa realizada ayer en el Hotel Holiday Inn, los integrantes de la entidad requirieron al gobernador Jorge Obeid que remueva de su cargo al ministro de Gobierno, Roberto Rosúa, y a todo su gabinete ya que, según dijeron, “no hay voluntad política de combatir en serio el narcotráfico por ineptitud o corrupción de los funcionarios”. “Si Obeid quiere tener credibilidad debe renunciar Rosúa”, afirmó Hugo Miretti, secretario general de la Asociación Anticorrupción.



Chaleco antibalas. Si bien estaba previsto que participara del encuentro la jueza Cosidoy, en su lugar acudió su esposo, Rubén Ferrari, quien explicó que la ausencia de la magistrada se debió “a una cuestión estratégica”. “Nuestro chaleco antibalas son los medios de comunicación”, afirmó Ferrari, quien al igual que su esposa integra la organización civil.

   Con relación a cómo viven estas intimidaciones en el interior de la familia, el marido de Cosidoy sostuvo: “Vivimos mal y tenemos los miedos de cualquier ser humano”. Sin embargo aclaró que el temor no los paraliza: “Estas amenazas desfachatadas están lejos de amedrentarnos”, afirmó. Esta no es la primera vez que la jueza recibe amenazas. En 1992, cuando era jueza de Instrucción Federal, su domicilio fue atacado a balazos cuando investigaba una banda de narcopolicías.

   A su vez, la Asociación Anticorrupción respaldó el pedido del Colegio de Abogados para la designación de la jueza Cosidoy como procuradora de la Corte Suprema de Justicia de la provincia. “Por las calidades morales (de la magistrada), sería todo un gesto del gobernador que la proponga para el cargo”.

   A partir de una de las últimas denuncias públicas de Cosiody, en abril pasado el gobierno provincial desplazó a la totalidad de la dotación de Rosario de la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones para reemplazarla por “personal por nuevo y capacitado”.

Los integrantes de la organización nacional reclamaron acciones para combatir el narcotráfico.