Prisión a vecinos por causar graves daños en Tribunales

La destrucción de los Tribunales de Corral de Bustos a raíz de un alzamiento popular registrado en diciembre pasado sigue haciendo sentir sus efectos: a siete meses de aquel incidente el máximo órgano judicial de Córdoba ordenó que vuelvan a prisión diez personas inicialmente acusadas de aquel hecho. Y un fiscal, paralelamente, reclamó lo mismo para otras tres personas imputadas de participar en el episodio.

   La pueblada fue el 4 de diciembre pasado a partir del crimen una nena de 3 años. La pequeña murió golpeada en esa ciudad, ubicada a 160 kilómetros de Rosario. Cuando se difundió el rumor de que la nena había sido violada se generó una revuelta en la que un millar de personas destruyeron el edificio de los Tribunales y prendieron fuego el auto del juez Jorge Farías, que investigaba el caso.

   Tras el caso fueron detenidos la madre de la chica, Malvina Zabache, la pareja de la mujer, Néstor Mercado, y un hermano de éste. La mujer fue liberada el el 17 de enero, pero el fiscal Oscar Aliaga dictó prisión preventiva a Mercado y a su hermano César por homicidio simple y abuso sexual agravado. Los vecinos siempre adujeron que no se tomaron recaudos contra los asesinos de la chiquita, que ya habían sido denunciados anteriormente por malos tratos, y que por eso reaccionaron.



Los implicados. A raíz de la pueblada fueron detenidas más de 30 personas, entre ellas Raúl Ruggeri, hermano del ex futbolista y director técnico Oscar Ruggeri, y los periodistas Walter Hugo Francischelli, de la emisora FM Ciudad, y Néstor Omar Pasquini, director de la FM Show. El primero está en el grupo que el fiscal exige retorne a prisión. Y los dos últimos fueron incluidos en la orden del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) para que sean encarcelados.

   Los detenidos fueron imputados por delitos que abarcan incendio doblemente calificado, lesiones leves en riña y, en algunos casos, por fabricación y tenencia de bombas o materiales capaces de causar estragos.

   Ahora la Sala Penal del TSJ anuló una resolución de la Cámara del Crimen de San Francisco que había liberado al grupo de personas imputadas por su participación de la marcha que derivó en la destrucción de los tribunales. Se consideró que la medida de la Cámara del Crimen fue inadmisible porque estas personas están imputadas por los delitos de incendio agravado y fabricación y tenencia de bombas o materiales capaces de causar estragos, cuya pena mínima asciende a cinco años de reclusión o prisión, un monto que excede el tope de tres años exigido para la condena en suspenso.

   El alto tribunal cordobés admitió los planteos de los fiscales que se habían pronunciado en contra de la liberación de los acusados por los “claros ribetes de gravedad institucional” que caracterizaron al incidente.



Reacción. La pueblada se produjo tras el velorio de la chiquita. Los manifestantes se reunieron frente a los Tribunales. Dos delegados entraron a pedir que los funcionarios judiciales dieran explicaciones sobre la causa y los sospechosos, pero al no obtener respuesta, un grupo rompió ventanas del edificio. La policía pidió refuerzos y llegaron efectivos de Marcos Juárez, quienes dispararon proyectiles de goma para reprimir y dispersar a los manifestantes.

   Los vecinos quemaron el auto de un juez y un sector de los Tribunales. Según ellos, la reacción se debió a que no se tomaron recaudos contra los asesinos de la chiquita, que ya habían sido denunciados anteriormente por malos tratos.

Por el crimen fueron detenidos la madre de la víctima, la pareja de la mujer y un hermano de éste. La pericia concluyó que además de la paliza, la víctima fue atacada sexualmente.