Opinión. El stock de pasivos aumentó 500% entre 1996 y 2006

Provincias deben refinanciar sus deudas

Es necesario avanzasr en un nuevo acuerdo con el Estado nacional, que es el principal acreedor

Alejandro Arlia (*)

En los últimos años se produjeron cambios cuantitativos y cualitativos en el stock de deuda de las provincias. Los primeros debido a la exposición de dicha deuda al ajuste por CER, y los segundos originados por el incremento sustancial de la deuda provincial en manos del gobierno nacional.

En particular, al analizar los diez años comprendidos en el período 1996-2006 podemos afirmar que hubo un incremento constante en el stock de la deuda provincial, el cual para el total de las jurisdicciones pasó de $13.921 millones iniciales en 1996 a $83.500 millones al cierre del 2006 (un aumento del 500% de punta a punta). A su vez, dentro de este período se distinguen claramente dos lapsos:

* De 1996 a 2001, con un incremento del stock del 115%, relacionado con la creciente necesidad de financiamiento del déficit crónico provincial de los años noventa.

* De 2002 a 2006, donde a pesar del indiscutible mejoramiento de la situación fiscal provincial, el stock de deuda siguió creciendo -alcanzando una nueva suba del 178%-, producto de la devaluación, la pesificación asimétrica de las deudas provinciales, y su posterior ajuste por el CER.


Nuevo acreedor
Además, en este último lapso, se produjo un cambio sustancial en la composición de la deuda provincial por tipo de acreedor. A partir de la implementación del Programa de Canje de la Deuda el stock se concentró en el gobierno nacional.

Dado que el Estado nacional es el principal acreedor de las provincias (al cierre del 2006 concentró 68% del total de la deuda), y que la mayoría de las provincias hacen esfuerzos para poder cumplir con las pautas impuestas en la ley de responsabilidad fiscal, resulta factible y oportuno pensar en una estrategia de reestructuración de estos pasivos, que priorice el desahogo financiero de corto plazo.

La reciente eliminación del CER en el ajuste de capital de los Programas de Asistencia Financiera 2005 y 2006 significó un importante avance en esta dirección. A simple vista, podríamos sugerir la conveniencia de extender el alcance de esta iniciativa a otros programas vigentes.


Reestructuración
Pero cualquier propuesta responsable de reestructuración obliga a revisar detenidamente las condiciones particulares de cada uno de los pasivos que integran el stock para poder dar, a cada tipo de deuda, el tratamiento más conveniente buscando el equilibrio entre el alivio financiero para las provincias y las posibilidades reales de asistencia del gobierno nacional a tal efecto.

Dado que las condiciones -plazos, tasas e instrumentos- de cada uno de los componentes de la deuda difieren, cabe distinguir entre deuda "convertible" y deuda "refinanciable".


Tipos de deuda
Deuda "convertible" es aquella que es libre de ser reestructurada entre el gobierno nacional y las Provincias sin intervención de terceros (acreedores privados). Está compuesta por todos los PFO y PAF los convenios incluidos en el rubro Otros, y la porción del canje de deuda que no tiene como contrapartida títulos públicos.

La composición de esta deuda (en su mayoría programas de corto plazo) genera flujos de servicios que, exceptuando el año 2010, descienden permanentemente. Es equivalente al 30% del stock de la deuda de las provincias con el Gobierno Nacional.

Deuda "refinanciable" es aquella instrumentada a través de la emisión de Bogar en poder del público y Boden en manos del BCRA, los cuales a pesar de no tener hoy un mercado secundario, están en condiciones de ser vendidos por dicho Banco para esterilizar pesos del mercado. Estos pasivos sólo podrían ser refinanciados -sin modificar las condiciones a los tenedores privados- con financiación del gobierno nacional (como se viene haciendo con los PAF).

Los vencimientos de capital de la deuda refinanciable son mayoritariamente de largo plazo y, a diferencia de la renta convertible, crecen permanentemente.

La deuda "refinanciable" representa el 70% del endeudamiento con el gobierno nacional, y sus servicios totales se van incrementando gradual y constantemente a lo largo de la vida de la deuda.

Las condiciones en que fue instrumentada la deuda convertible permiten pensar en una reestructuración sin grandes condicionamientos. En cambio, la deuda refinanciable exige un tratamiento un poco más complejo toda vez que se priorice el mantenimiento de las condiciones que oportunamente se le otorgaron a los acreedores privados tenedores de Boden y Bogar. Por lo tanto, en este trabajo sólo se abordará un escenario de reestructuración para la deuda convertible de todas las provincias.


La propuesta
En primer lugar, la propuesta consiste en estirar los plazos de los programas más cortos (PFO y PAF), y unificar todos los vencimientos con los plazos del Bogar. Asimismo, se propone la eliminación de la aplicación del CER sobre los stocks de deuda y, a cambio de ello, se reemplazan las tasas actualmente vigentes por una única tasa fija.

Para definir el valor de la tasa fija se aplicó un criterio de Valor Actual Neto (VAN) que equiparó los flujos actuales de los programas incluidos en la deuda convertible, con los nuevos flujos generados en la reestructuración. Dicha tasa, para la deuda del conjunto de provincias, dio como resultado un valor del 6,86% anual. Y respecto a las cuotas de amortización, se establecieron 133 cuotas del 0,74% y una última cuota del 1,58%, la primera de las cuales vencería en marzo del año 2007, y la última en abril del año 2018.

Para esto, se partió del saldo de deuda convertible al 31/12/06, que es de $17.000 millones.

Esta alternativa otorgaría un respiro financiero para las provincias en el corto plazo, reduciendo la carga de su deuda a través de menores servicios totales, lo cual redundaría en una mayor disponibilidad de recursos. Según estos cálculos, se estaría produciendo un ahorro fiscal para las provincias en los años 2007 y 2008 del orden del 28% al 29%, comparando los servicios de deuda reestructurados respecto de la situación actual.

La alternativa de reestructuración de las deudas con el gobierno nacional enunciada es sólo una de las muchas alternativas posibles, con el objetivo de aportar un alivio financiero a las provincias en el corto-mediano plazo, con niveles importantes de ahorro en términos de la actual situación de deuda.

Finalmente, es preciso remarcar la necesidad de un acuerdo político entre el Gobierno Nacional y las Provincias, que brinde un marco viable para la reprogramación que estamos planteando, manteniendo el marco macro-fiscal estipulado por la Ley de Responsabilidad Fiscal.

(*) Economista del Centro de Estudios Federales