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 domingo, 24 de diciembre de 2006  
Reconstruyen el juzgado de Corral de Bustos
Para recuperar los expedientes los empleados judiciales, fiscales y magistrados no tendrán feria

Walter Gasparetti / La Capital

Corral de Bustos. - El Tribunal Superior de Justicia (TJS) de la provincia de Córdoba dispuso una serie de medidas judiciales para reestablecer el funcionamiento del servicio de Justicia en esta localidad cordobesa, tras el incendio ocasionado por vecinos a un sector del edificio de los Tribunales, en el marco de una protesta popular por la liberación de quienes estaban detenidos por el crimen de una nena de tres años.

Los destrozos ocasionaron la pérdida de expedientes, libros de entrada, protocolos y gran parte de la documentación existente. Además de la suspensión de todos los plazos procesales, el TJS resolvió postergar la feria judicial para darle identidad a las causas y reestablecer el funcionamiento de la sede judicial.

"Este hecho vandálico provocó un daño enorme, felizmente hay muchos expedientes civiles que están en poder de los abogados, con lo cual alguna parte se va a recuperar. Es un trabajo que demandará mucho cuidado porque no existe el control de las fojas que contenía cada uno de los expedientes", explicó el vocal de Cámara de Marcos Juárez, Jorge Namur.

El funcionario hizo estas declaraciones en el marco de una visita realizada a Corral de Bustos. En ese ámbito, el funcionario señaló que tanto los empleados como la policía están trabajando "arduamente" y que todo el personal, incluido fiscales y magistrados, va a interrumpir la inminente feria judicial.

Por lo pronto, se estableció una sede transitoria en la ciudad de Marcos Juárez ante la imposibilidad del funcionamiento material. Tanto el juez como el fiscal se trasladan a esa ciudad para realizar sus tareas, mientras el resto del personal se queda en Corral de Bustos para el registro de los procesos y las tareas de recuperación de expedientes.

Namur informó que se está investigando también si el incendio de la documentación dañada fue adrede. "Si hubo intención no lo sabemos, por eso estamos trabajando, pero no hay antecedentes de este tipo de atentados en todo el país", acotó.

Eso lo dijo porque hay firmes sospechas de que, dentro del grupo más descontrolado que actuó durante los graves episodios, se filtraron personas interesadas en que se quemaran expedientes, ya fuere porque tienen alguna cuenta pendiente con la Justicia o porque había también intereses materiales en juego. Se habla, por ejemplo, de demandas sobre deudas y juicios laborales.

Idéntica opinión fue la que dio Gustavo Torres, el intendente de Corral de Bustos, quien aseguró que durante los disturbios en reclamo de justicia "hubo infiltrados, interesados en hacer desaparecer elementos de los Tribunales, que fueron incendiados". Confió también que una renovación de las cúpulas judicial y policial de Corral de Bustos "debería ser la primera medida como para destrabar el conflicto".

Las secuelas de incendio es apenas uno de los efectos de la ira descargada por unos quinientos vecinos a causa de la liberación de tres personas (la madre, su pareja y el hermano de éste) por el crimen de una nena de tres años. La indignación se debe a que supuestamente la justicia "no tomó recaudos en el cuidado de la niña por los malos tratos que antes de su fallecimiento le propinaban sus familiares".

El hecho ocurrió tras el sepelio de Ireana, la niña violada y asesinada. Los manifestantes primero quemaron el automóvil del juez, luego rompieron a pedradas las ventanas de la sede judicial y posteriormente incendiaron las oficinas.

Los atacantes sacaron al exterior computadoras, máquinas y otros elementos que también quemaron. Portaban carteles que urgían a acabar con algunos flagelos que la sociedad de Corral de Bustos ve crecer con alarma. "Basta de robos", "Basta de drogas", decían las pancartas.

El Tribunal Superior de Justicia rechazó de manera "enérgica" los "graves" episodios acaecidos en la ciudad de Corral de Bustos que concluyeron con la destrucción física de la sede de Tribunales y dependencias del Poder Judicial a través de un documento firmado por los miembros del máximo organismo judicial, presidido por el camarista Luis Rubio.
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La destrucción de la sede judicial fue total.



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