COMISARIA 12ª

Detectan que 4 policías bajo pesquisa tienen causas penales

Un oficial de policía de la comisaría 12ª fue indagado ayer en Tribunales en el marco de la pesquisa que afecta a los empleados que estaban de turno cuando un muchacho de 20 años, según una denuncia judicial, sufrió una sesión de gravísimos apremios ilegales en agosto pasado. El policía interrogado ayer es el que confeccionó la causa y firmó el acta que se remitió a un juzgado de faltas acusando al chico, que padeció una paliza con episodios que asemejaron a un tortura, por el delito de resistencia a la autoridad.

Pero en el trámite del caso se detectó una situación muy llamativa: cuatro de los policías que integraban el tercio de la comisaría al momento del hecho investigado tienen antecedentes penales. Uno de ellos tiene cuatro anotaciones en su prontuario: delitos de extorsión, amenazas, exacciones ilegales y asociación ilícita; otro, por amenazas; un tercero por amenazas coactivas y el último por negligencia en la custodia de detenidos.

El caso es investigado por el juez de Instrucción Nº4, Jorge Eldo Juárez, y se conoció a partir de la denuncia de Ramón Luis Rivarola. El muchacho denunció que el sábado 26 de agosto último estuvo detenido 13 horas en la comisaría de barrio Ludueña. Además, sostuvo que un grupo de policías lo golpeó. En su denuncia contó que a las 6 de aquel sábado salía de un baile cuando se le acercó un grupo de muchachos que intentó asaltarlo cuando él caminaba cerca de la seccional 12ª. Rivarola logró escapar corriendo y llegó hasta la dependencia para avisarles a los policía lo que acababa de ocurrir. No le tomaron la denuncia sino, según dijo en Tribunales, además lo golpearon, le rociaron los ojos con un aerosol y lo dejaron esposado y colgado de un barrote.

El policía indagado ayer, Marcelo P., estaba en funciones cuando Rivarola fue demorado y mantenido en la seccional. En los reconocimientos no fue señalado por la víctima como quien le infligió castigo. Pero lo llamaron a indagatoria para despejar quién pudo haber intervenido en los apremios denunciados.

Lo que podrían atribuirle, según fuentes tribunalicias, es no haber evitado la golpiza o haber incurrido en un error o incumplimiento de deberes de funcionario público al permitir la privación ilegítima de la libertad de Rivarola. Ocurre que el juzgado de Faltas en turno dispuso transferir a Rivarola a la División Judiciales al mediodía del 26. Y la orden se cumplió siete horas más tarde. Tanto tiempo sin ser liberado hace presumir, para el instructor de la causa, una detención ilegítima.

En esta pesquisa, un agente ya fue identificado en rueda de reconocimiento como uno de los que sometió a golpes al muchacho, por lo que podría ser procesado por apremios ilegales o vejaciones.