La opinión internacional lo condenó siempre

El impacto que causó en el mundo el bombardeo a La Moneda, el suicidio de Salvador Allende y las noticias que hablaban de fusilados, miles de detenidos y aplicaciones de tortura, generaron desde el mismo 11 de septiembre de 1973 una reacción de solidaridad mundial que cubrió por años a los chilenos y repudió desde el principio el golpe de Estado de Augusto Pinochet.

Pinochet se convirtió en el prototipo del dictador, por encima del argentino Jorge Rafael Videla, el nicaragüense Anastasio Somoza, el haitiano Francoise Duvalier y el paraguayo Alfredo Stroessner, no sólo por las violaciones de los derechos humanos, sino porque destruyó una de las democracias más antiguas de América Latina y mató el sueño socialista en democracia.

Desde las primeras horas del día del golpe, las embajadas en Santiago abieron sus puertas para asilar refugiados y se promovieron condenas internacionales. Diplomáticos extranjeros partían a los campos de prisioneros para intentar rescatar a los detenidos de la tortura o de la muerte, y hasta ofrecían pagar los vuelos para derivarlos a sus respectivos países.

Este tipo de acciones, que salvaron cientos de vidas, pasarían a ser la actitud corriente de la mayor parte de América Latina, Estados Unidos, Europa y el bloque socialista hacia la quebrantada democracia chilena, que había sido una de las más antiguas y estables del subcontinente.

Isabel Allende, hija del mandatario derrocado Salvador Allende, viajó junto al resto de la familia hacia México. Allá fue recibida por una multitud que le gritaba “¡Allende, Allende, el pueblo te defiende!”, según recordó.

México fue precisamente una de las naciones que sintió más cerca junto a los chilenos la instauración de la dictadura de Pinochet, tanto así que rompió relaciones diplomáticas ese mismo mes de septiembre y así las mantuvo durante los 17 años del régimen.

Cuba, Venezuela, Argentina, el mundo socialista y naciones tan alejadas de Chile como Suecia, Holanda, Dinamarca, Noruega, Italia o Finlandia recibieron a miles de exiliados chilenos, para los que implementaron incluso planes especiales de trabajo, vivienda y salud.

La solidaridad fue en todos los frentes. Las principales entidades defensoras de los derechos humanos, Vicaría de la Solidaridad (de la Iglesia católica), la Fundación de Asistencia de las Iglesias Cristianas (FASIC, ecuménica) y la Comisión de Derechos del Pueblo (Codepu) recibían permanente apoyo económico y moral de las iglesias europeas, sin el cual jamás habrían podido sostener su labor.

Los gobiernos europeos tampoco se quedaban atrás y hacían gestiones permanentes para liberar dirigentes de la Unidad Popular, e iniciaban gestiones ante Naciones Unidas para obtener condenas a Chile y el nombramiento de un relator especial, lo cual se logró.

Actitud semejante tuvo la Organización de Estados Americanos (OEA), que intentaba mantenerse al tanto de lo que ocurría en Chile a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Las fuerzas políticas de la Europa del este y del oeste enviaban dinero para que pudieran funcionar los entonces clandestinos partidos chilenos.

La prensa internacional estaba permanentemente en alerta a los sucesos que ocurrían en Chile, sensibilizando a la opinión pública para solidarizar con la nación sudamericana.

La presión llegó a ser tal que en Estados Unidos se aprobó la Enmienda Kennedy y se inició un bloqueo de venta de armamento al gobierno de Pinochet, que duraría hasta 1990, cuando retornó la democracia.

De acuerdo con el abogado de derechos humanos Nelson Caucoto, esta actitud de resguardo que tenía el mundo hizo sentir a los chilenos que no estaban solos y que contaban con una gran cobertura que podía protegerlos de los excesos y abusos: “Chile sintió muy de cerca la solidaridad. Somos deudores eternos de la comunidad mundial”.

Verónica Reyna, funcionaria de FASIC, sostiene que Chile fue emblemático durante la dictadura de Pinochet y que tuvo una profunda importancia para el mundo, tanto así que la ONU dispuso un relator y una comisión de trabajo para esta nación. Además, Chile fue el primer país al que la OEA mandó una misión de derechos humanos, recordó. (DPA)