Cambios en las universidades argentinas para 2007

Pérez Rasetti: “La ley de educación superior estaba pensada para un sistema de mercado”

Para el especialista, la Argentina necesita hoy más graduados del nivel superior de la enseñanza

Matías Loja / La Capital

Rectores, docentes y estudiantes se preparan ya para un 2007 que traerá consigo importantes cambios en el ámbito universitario, en donde la más que probable derogación de la cuestionada ley de educación superior (LES) es tal vez el punto más destacado de la agenda de este nivel de la enseñanza.

En ese marco, ya circulan distintos proyectos alternativos de partidos políticos y de agrupaciones estudiantiles. Los rectores, por su parte, trabajan en diversas reuniones en la búsqueda de los consensos necesarios sobre aquellas cuestiones sensibles de la ley que generan el mayor grado de oposición de la comunidad universitaria.

A este debate se refiere el especialista en educación superior, Carlos Pérez Rasetti, quien considera que “la nueva ley universitaria, más que reformar muchos aspectos concretos de los artículos de la actual, lo que debe cambiar es la concepción sobre la educación”. Y deja en claro que la universidad debe cambiar la concepción de mercado de la LES para tomarla como un derecho y un bien social, acorde con la noción expresada en el proyecto de ley educativa que se discute por estos días en el Congreso Nacional.

Ex miembro de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau) y actual secretario ejecutivo de los Consejos Regionales de Planificación de la Educación Superior (Cpres), del Ministerio de Educación nacional, Pérez Rasetti cuestiona lo que considera el espíritu de la LES, aunque sostiene que en la práctica muchas cosas que en ella estaba escrito no llegaron a cumplirse en la realidad por la oposición misma de las universidades.

—¿Que cuestiones considera que no deben obviarse en el debate por la nueva ley universitaria?

—La ley de educación superior tiene que ver con un momento de la sociedad y de la universidad. En ese sentido, yo creo que en esta ley el problema más grave que representaba finalmente no logró cambiar la realidad. Hay una concepción en la ley que creo que no se hizo efectiva en la realidad, al menos de la manera en que estaba propuesta. La ley de educación superior es pensada para un sistema de mercado de la enseñanza, y de hecho hay algunos puntos que dicen eso.

—¿Por ejemplo?

—La evaluación está propuesta como un proceso donde el Estado garantiza determinados productos y los expone en su nivel de calidad ante el público. Y por otro lado, se habilita a las universidades públicas a arancelar, a cobrar servicios y se les asegura que no se les va a reducir el presupuesto del aporte estatal en función de sus ingresos propios, que es el piedra libre para salir a cobrar. Pero de hecho la mayoría de las universidades públicas no arancelaron el grado, y la verdad es que no hay un mercado de la educación superior en la argentina. Creo que tal vez en el posgrado, sobre todo en las maestrías, podría hablarse de una condición de mercado, pero no un mercado estrictamente. Por eso creo que hay cuestiones que están en la letra de la ley que después no se llegaron a poner en práctica, sobre todo porque la sociedad se resistió.

—Implica que determinados fantasmas que circulaban no se aplicaron...

—Si, más que fantasmas una intencionalidad política concreta en el marco de un cambio político y económico de un modelo de país que hoy no tiene el respaldo social que tenía en ese momento. Por eso la universidad se opuso a esto.

—¿En esto incluye la función de la Coneau a la que usted perteneció?

—La Coneau misma no es lo que la ley quiso que fuera, porque de hecho en vez de controlar y exponer los resultados, inventó el tema de que las carreras acrediten por tres años con compromiso a mejoramiento, mientras que la ley dice que una carrera acredita o no acredita. Es otro el objetivo, no es un control de calidad para el consumidor sino que es una autoevaluación con una mirada externa para mejorar. Pero además, con un Ministerio que en esta gestión se hace cargo de colaborar financieramente con la universidad para resolver los problemas que se detectaron en la evaluación. Así se creó el Promei (Proyecto de Mejoramiento de la Enseñanza en Ingeniería) y el Promagro (Proyecto de Mejoramiento de la Enseñanza en Agronomía). Entonces, ya no es un Estado que se pone afuera y controla los producto universitarios, sino que siente que las universidades públicas son parte del Estado que organiza toda una política en la cual la evaluación es parte de un proceso de mejoramiento con financiamiento, pero discutido sobre la base de un diagnostico hecho en la acreditación, y con pares evaluadores del mismo sistema que dan garantía de que los resultados van a darse. Por eso insisto que es una política que no tiene nada que ver con lo que la ley había pensado.

—¿Y entonces en qué aspectos sí debería trabajarse en la nueva legislación?

—Creo que la nueva ley universitaria más que reformar muchos aspectos concretos de los artículos de la actual, lo que debe cambiar es la concepción sobre la educación. Es decir, pensar la educación como un bien social y no como un bien de mercado. Esos aspectos me parece que son los que tienen que correrse de la LES. Pelearse con que la Coneau está en la ley, cuando la Coneau está en la realidad jugando otro rol me parece una tontera. Entonces, muchos postulados de la ley se redefinen con la redefinición de la política que ya se está dando.

—¿En ese contexto, considera entonces que la tarea de la Coneau, pese a ciertas críticas, debería continuar?

—Yo estoy convencido que sí, pero en este nuevo contexto político que le da otro significado. Me parece que los procesos de evaluación son imprescindibles, lo que pasa es que no son lo mismo en cualquier contexto. Me tocó discutir esto en la Coneau, pero lo que teníamos que cambiar de la ley ya hizo en la práctica. Ahora hay que plasmarlo en un texto.

El especialista Pérez Rasetti rescata la tarea realizada por la Coneau, que considera distante a la que proponía la ley de los 90.