La futura norma de la enseñanza regirá en Argentina desde 2007

Nuevos rumbos: la nueva legislación educativa entra en su recta final

Ingresó en el Congreso de la Nación el proyecto que reemplaza a la polémica ley federal sancionada en los 90

Matías Loja / La Capital

Buenos Aires (enviado especial)- La postal latinoamericana, atravesada durante la última década por profundas reformas de Estado, muestra hoy al tema educativo en el centro del debate político. El sur del continente redefine sus agendas al amparo de los cambios políticos, sociales y económicos del nuevo siglo que hacen pie en los sistemas de enseñanza.

Las movilizaciones de los estudiantes secundarios en Chile fue tal vez la imagen más impactante de que la necesidad de un cambio en la región ya no podía maquillarse como tarea a cargo de un puñado de tecnócratas y políticos. La sociedad buscaba también sentarse a la mesa del debate, y oxigenar así un proceso que más que reformas cosméticas, permitiera un golpe de timón en el rumbo de la enseñanza. Congresos y seminarios en la mayoría de los países de la región, con revisiones legales mediante, dan cuenta de este escenario.

Pero también en la Argentina, alumno modelo de la reforma para los organismos internacionales, es hoy un lugar en donde, tras casi 6 meses de debates, se pretende dar un portazo definitivo a la polémica ley federal de educación, sancionada en abril de 1993.

“Creo que este es un gran paso para desmontar el modelo que el neoliberalismo instaló en la Argentina, clonado por el Banco Mundial de otras reformas que se hacían al mismo tiempo en otros países, y que nos va a posibilitar recuperar a la educación como un derecho social, del papel del estado nacional como principal garante, y la idea de que la educación bajo ningún concepto puede considerarse una mercancía”.

Exultante como otros, el secretario general de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), Hugo Yasky, expresó así su satisfacción ante el ingreso formal en el Senado del proyecto de ley de educación nacional que el gobierno presentara el pasado jueves 16 de noviembre, en un acto encabezado por el presidente de la Nación, Néstor Kirchner, y el titular de la cartera educativa, Daniel Filmus.

La vuelta a un sistema de primaria y secundaria, la extensión de la obligatoriedad a 13 años (incluyendo la escuela media), la obligación del Estado de universalizar la sala de 4 y la transformación gradual de la primaria en escuelas de jornada completa o extendida, son algunos ejes destacados de la nueva normativa que por estos días se discute en las comisiones de educación, población y presupuesto de la Cámara Alta de la Nación.

Además, el nuevo marco legal, que se espera aprobar antes de fin de año, plantea cambios curriculares, crea el Instituto Nacional de Formación Docente e impide el ejercicio de la carrera docente a quien haya sido condenado por delitos de lesa humanidad o haya actuado contra el orden institucional y democrático.

Pero además del proyecto del Ejecutivo, debatido en las escuelas, gremios docentes y distintas instituciones de la sociedad, también existen en el congreso nacional otras propuestas legislativas sobre la enseñanza, a cargo de representantes del Partido Socialista (PS) y de Afirmación para una República Igualitaria (ARI).

La iniciativa del socialismo, ingresada también la semana pasada (pero en Diputados de la Nación), fue presentada a través de la diputada Silvia Augsburger, y propone entre otras cuestiones debatir, a la par de la norma educativa, una nueva ley de coparticipación federal y una reforma impositiva integral, la importancia de la laicidad en la educación pública y que el presupuesto del sistema educativo nacional no podrá ser inferior al 6 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI), sin contar las partidas destinadas a Ciencia y Tecnología, incluidas dentro de ese porcentaje en la ley de financiamiento educativo.

En cuanto a la propuesta del ARI, también propone asignar el 6 por ciento del PBI para 2010 solo para educación, además de promover la participación de estudiantes, docentes y padres en los ámbitos del gobierno de la educación a través del Consejo Federal, la implementación de políticas sociales universales de ingreso ciudadano para la niñez hasta los 18 años, y la obligatoriedad del nivel inicial desde las salas de 3, 4 y 5 años de manera gradual.

Es cierto que en distintos sectores, tanto docentes como académicos, las críticas al proyecto oficial redundaron, más allá de cuestiones puntuales sobre su contenido, con respecto a los tiempos del debate educativo propuesto, en muchas jurisdicciones limitados tan sólo a dos días de discusión en las escuelas.

Pero también vale destacar que este proceso corrió por cuenta de las provincias, las cuales según haya sido su decisión política y convencimiento real sobre el cambio, hicieron del debate una discusión amplia y pluralista, o una mera simulación de ocasión para salir del paso.

“Creo que en la agenda resta simplemente ahora, para cerrar el ciclo de desmonte del modelo neoliberal, discutir una nueva ley de educación superior que es el compromiso que asumió el ministerio de educación para el próximo año. Ese sería el cuarto paso, después de la ley de financiamiento y la ley de educación técnica”, sintetizó Yasky al término del acto de presentación de la nueva ley realizado en Casa de Gobierno de la Nación.

Porque pese al escaso tiempo de debate, y las discusiones con respecto a ciertos nudos problemáticos que atraviesan la educación (como la coparticipación federal y la descentralización educativa), que no parecen estar en las discusiones del Ejecutivo, la nueva legislación marca un punto de inflexión con respecto a la ley federal.

Y un cambio que, para que sea realmente histórico requerirá de la atenta mirada no sólo de los gobernantes, sino también de docentes, alumnos y padres para garantizar su cumplimiento, ante un proceso que, como destacó el ministro Filmus en el acto realizado en la Casa Rosada, permita hacer realidad el sueño de una educación que no excluya a sus alumnos de sus aulas. Un principio con el que nadie manifiesta oponerse, pero que requiere de un compromiso serio para hacer de esta bonita proclama progresista una política de Estado que garantice la educación como un derecho de todos.

El presidente Kirchner y la senadora Cristina Fernández, junto al ministro Filmus en la presentación de la nueva ley de educación.