En Santa Fe, 788 internos recuperan su escolaridad

Aseguran que por lo general hay una actitud positiva para retomar los libros en la cárcel

Distintos estudios realizados sobre la población carcelaria concluyen que la escuela es clave para no reincidir y reinsertarse socialmente. Hace poco una nota publicada en este suplemento (23/09/2006) recordaba que según datos estadísticos de la Organización de Estados Americanos (OEA), “el 90 por ciento de los reincidentes no asistió a los programas educativos en cárceles”.

El dato se vuelve clave si se trata de unir números con propuestas educativas para atender a los internos. En especial si se conocen los distintos niveles de escolaridad de la población carcelaria. El censo penitenciario nacional realizado en el 2002 determinó que el 11% de los internos no había cursado ningún nivel educativo; el 23% tenía el primario incompleto; el 46% el primario completo, el 14 % el secundario incompleto y el 4% el secundario completo. Sólo el 1% de los internos había cursado el nivel terciario o universitario.

En tanto que en la provincia de Santa Fe, se sabe que 788 internos aprenden en escuelas carcelarias, desde la primaria hasta la secundaria. Y que además de los que funcionan en Rosario, también hay centros educativos en las unidades penitenciarias de Santa Fe, Coronda, Santa Felicia y en Piñero.

Pero al margen de los números de alumnos y de escuelas, también aparecen las propuestas específicas dirigidas al sector. En este sentido, el proyecto de ley de educación nacional presentado por el presidente Néstor Kirchner hace unos 10 días, destina un apartado especial a la educación en las cárceles. Tal como se especifica en el capítulo XII de “Educación en contextos de privación de libertad”, se la define como “la modalidad del sistema educativo destinada a garantizar el derecho a la educación de todas las personas privadas de libertad, para promover su formación integral y desarrollo pleno. El ejercicio de este derecho no admite limitación ni discriminación alguna vinculada a la situación de encierro, y será puesto en conocimiento de todas las personas privadas de libertad, en forma fehaciente, desde el momento de su ingreso a la institución”.

Para responder a esta meta, se indica en el proyecto de ley que esta modalidad tiene entre otros objetivos el de “garantizar el cumplimiento de la escolaridad obligatoria a todas las personas privadas de libertad dentro de las instituciones de encierro o fuera de ellas cuando las condiciones de detención lo permitieran”, también ofrecer formación técnico profesional; favorecer el acceso y permanencia en la educación superior y un sistema gratuito de educación a distancia y asegurar alternativas de educación no formal.

Otro de los objetivos es el de desarrollar propuestas destinadas a estimular la creación artística, cultural, y en actividades de educación física y deportiva”.  Y renglón seguido se indica que para asegurar esta enseñanza el Ministerio de Educación nacional será el encargado de coordinar acciones con las provincias, institutos de formación docente y universidades para esta atención. En tanto que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, los encargados del cumplimiento de lo establecido.

También se especifica que se ofrecerá atención educativa de nivel inicial a los niños de 45 días a 4 años de edad, nacidos y/o criados en estos contextos, a través de jardines maternales o de infantes, así como otras actividades educativas y recreativas dentro y fuera de las unidades penitenciarias”.

Se anticipa además que todos los niños y adolescentes que se encuentren privados de libertad en instituciones de régimen cerrado “tendrán derecho al acceso, permanencia y tránsito en todos los niveles y modalidades del sistema educativo”.