Un juez ordenó la clausura de cuatro pabellones del Irar

Un juez penal le ordenó al gobierno provincial que en siete días clausure cuatro de los seis pabellones del Instituto de Recuperación del Adolescente de Rosario (Irar). La medida fue dispuesta tras una inspección en la que constató que los niños y adolescentes alojados allí sobreviven en condiciones "inhumanas, humillantes, indignas y degradantes" que representan un serio riesgo para su salud. El funcionario ya había intimado a la provincia a refaccionar el lugar en 90 días, pero en el último recorrido detectó que las condiciones de alojamiento se agravaron.

El juez de Instrucción Nº10, Alfredo Ivaldi Artacho, dispuso el desalojo de los pabellones A, B, C y D del Irar en el marco de un hábeas corpus presentado hace un mes por la Defensoría del Pueblo de la provincia. El organismo había denunciado que los jóvenes viven en condiciones degradantes y que el instituto no respeta la normativa nacional e internacional para el cuidado de menores en conflicto con la ley.

La semana pasada, el juez penal hizo lugar al recurso e intimó al gobierno a refaccionar el lugar, pero ayer avanzó en esa resolución y exigió directamente el desalojo de cuatro pabellones. Para el magistrado, al agravamiento de la situación contribuyó el paro que mantiene desde hace 17 días el personal civil del Irar, medida que si bien no privó de comida ni de atención médica de urgencia a los jóvenes, "generó la clara percepción in situ de que están librados a la deriva dentro de aquellos habitáculos de depósito sucios y vergonzosos", planteó el juez.

Ante la primera intimación judicial, el responsable de Asuntos Penales de la provincia, José Luis Benaglia, afirmó el sábado pasado que en el Irar "no hay colapso" y mencionó obras en curso. "En los pabellones A, B, C y D se colocó un baño en cada habitación y se reacondicionó el sistema cloacal", precisó. No obstante, cuatro días después el juez encontró el edificio superpoblado, sin refacciones en marcha y con el sistema cloacal de esos mismos pabellones "colapsado".


Relocalización
El juez designó a la Defensoría del Pueblo provincial y a la Secretaría de Derechos Humanos santafesina como intermediarios de "buena voluntad" entre el juzgado y el Ministerio de Gobierno, que deberá buscar un mecanismo para relocalizar a los jóvenes "sin superpoblar ni agravar las condiciones de alojamiento de los restantes pabellones".

El desalojo seguirá vigente hasta que se constaten las reparaciones. Al respecto, Benaglia dijo ayer que se evalúa adónde trasladar a los menores: "Estamos trabajando en esto. Los menores no son cosas que se trasladan de un lado para otro. Estamos evaluando opciones para cumplir con la disposición judicial", indicó.

Las condiciones del Irar, para Ivaldi Artacho, "dan cuenta de un Estado provincial que somete a los jóvenes a un encierro carcelario de un modo inusitadamente desaprensivo. Un Estado que vulnera y desconoce cualquier estándar mínimo exigido por los organismos de la región y las convenciones internacionales", cuestionó Ivaldi Artacho, para quien "las dificultades presupuestarias no pueden justificar transgresiones de este tipo".

Los retretes están desbordos por materia fecal.