Confirmado. El gobernador De la Sota y el intendente Juez ratificaron la presentación del grupo

Córdoba y La Rioja marcan la ruta del regreso de Callejeros

Una jueza embargó la recaudación del recital y echaron de la provincia al padre de una de las víctimas

Con la presentación de mañana en el estadio olímpico de Córdoba y el anunciado recital del 13 de octubre próximo en el estadio Vargas de La Rioja, parece empezar a concretarse la vuelta de Callejeros a escena después de un largo paréntesis que comenzó el 30 de diciembre de 2004, cuando la banda convocó a su público a la disco Cromañón donde murieron 194 personas.

Familiares de las víctimas intentaron ayer que se suspendiera la presentación y se entrevistaron con el gobernador José Manuel de la Sota y el intendente Luis Juez, pero sólo lograron que los mandatarios confirmaran la realización del recital.

En ese marco, Ricardo Righi, el padre de una víctima fatal del incendio, fue conminado por el fiscal Gustavo Sandoval para que abandone la provincia bajo el cargo de intimidación pública.

Righi había amenazado ayer con "prender fuego" a la provincia si se permitía actuar a Callejeros.

La inesperada coincidencia entre dos encarnizados rivales políticos como el gobernador De la Sota y el intendente Juez, aceleró los tiempos y posibilitó que Córdoba se convirtiera en la primera sede posible para que Callejeros actúe mañana.

El acuerdo entre dos de las principales figuras de la política cordobesa asomó como una respuesta a la denuncia que Patricio Fontanet, líder de la banda rockera, lanzó durante una entrevista radial en la capital mediterránea, en la que sostuvo que la formación aún no había podido volver a los escenarios por "una cuestión pura y exclusivamente de la política".

Apenas un día después, Juez se mostró conmovido por los dichos de Fontanet y consideró que "no puede ser que alguien en este país diga que está proscripto, que no puede actuar porque no lo dejan".

"Tomemos las precauciones, hagamos lo que tengamos que hacer, pero acá no puede haber proscripción", redondeó el jefe comunal colocándose en sintonía con el Poder Ejecutivo provincial que ya había contactado al empresario y amigo personal de los Callejeros, José Palazzo (también mentor del Cosquín Rock), para manifestarle el guiño oficial al regreso de la agrupación.

Mientras el operativo retorno de Callejeros parece estar a punto de coronarse, los padres de las víctimas llegaron ayer a Córdoba para iniciar un raid que incluyó a la Justicia, al intendente y al gobernador con la intención de impedir el show de la que consideran "la banda de la muerte".


Embargo
Por otra parte, la jueza de instrucción María Angélica Crotto ordenó el embargo de la recaudación del recital, cuyas entradas comenzaron a venderse ayer.

Fuentes judiciales informaron que la magistrada adoptó la decisión tras un pedido formulado ayer a la mañana por un grupo de familiares de las víctimas del incendio en República de Cromañón, el cual provocó 194 muertos.

Crotto dispuso que se embargue el porcentaje de la recaudación que corresponde al grupo, que sería de alrededor del 30 por ciento, mientras que la medida no alcanzará a lo que se acordó que perciban por el show los organizadores y productores.

Para hacer efectivo el embargo, la jueza libró un exhorto al juez penal de turno de Córdoba, quien deberá adoptar las medidas necesarias para incautar el dinero una vez que se vendan todas las entradas.

Callejeros tiene previsto vender 20 mil entradas a un valor de entre 15 y 25 pesos, por lo que la recaudación por los tickets rondaría los 400 mil pesos, mientras que la parte que le correspondería a los músicos alcanzaría los 120 mil pesos.

En la causa en la que se investiga el incendio en Cromañón, Patricio Santos Fontanet, Juan Carbone, Maximiliano Djerfy, Eduardo Vázquez, Christian Torrejon, Daniel Cardell y Elio Delgado y su manager Diego Argañaraz están procesados por el delito de "estrago doloso", que prevé una pena de 20 años de prisión.

Además pesa en contra de cada uno un embargo de 10 millones de pesos, el cual ninguno de los músicos está en condiciones de afrontar porque la mayoría carece de patrimonio.

En razón de ello, los abogados Susana Rico y Pablo Lilljedalh, en representación de una decena de víctimas, habían reclamado que se embargue la recaudación y se deposite en una cuenta del juzgado a fin de que los músicos puedan "responder económicamente" en los juicios penales y civiles en su contra.

En su escrito, criticaron al grupo por "no exteriorizar ningún arrepentimiento respecto a las víctimas fallecidas, sobrevivientes y padres de éstos" y reclamaron que se los inhabilite para realizar cualquier recital hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la investigación. (Télam y DyN)

Los integrantes de la banda durante un reportaje.