Nuevo procesamiento para Alderete, ex titular del Pami

Buenos Aires- El ex interventor del Pami durante el gobierno de Carlos Menem, Víctor Alderete, fue nuevamente procesado por presuntas irregularidades cometidas cuando estuvo al frente de la obra social de los jubilados.

El juez federal Jorge Ballestero dictó el procesamiento por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, y mantuvo el embargo que ya pesaba sobre sus bienes por otras causas por un monto de 8.870.000 pesos, en el marco de una causa denunciada en el año 2000 por la Oficina Anticorrupción.

Sin embargo, pese al procesamiento, el fallo terminó favoreciendo a Alderete, pues la Oficina Anticorrupción lo había denunciado por “asociación ilícita” -un delito mucho más grave- pero el juez Ballestero lo sobreseyó por ese cargo.

Alderete fue procesado junto con otros 18 ex directivos de la entidad -quienes sufrieron embargos de entre 330 mil y 990 mil pesos-, entre ellos uno de sus hijos, Alejandro Tomás Alderete, a quien su padre había designado como “gerente de Acción Cultural y Desarrollo Social”.

La causa investiga las condiciones de contratación de una serie de servicios en los que Alderete padre operó virtualmente solo, incluso comunicando sus decisiones al directorio después de que las hubiera tomado y sin respetar los controles que exigía la ley.

Entre esas contrataciones figuran “un estudio semiológico sobre acciones comunicacionales” por 58.300 pesos; “asesoramiento y control médico especializado de última instancia respecto de la política prestacional de patologías psiquiátricas”, por 140.000 pesos mensuales; “servicios de

recreación, contención social y esparcimiento” por un total de 2.150.000 pesos y “creatividad y producción integral de un micro de hasta tres minutos de duración que llevara el título Pami Buenas Noticias para difundirlo en el aeroparque metropolitano y en un canal de cable, por 10 mil pesos por mes.

La resolución, a la que tuvo acceso DyN, describe además el suministro de “información analítica suficiente y documentada de precios testigo y condiciones de mercado que permitieran evaluar las mejores perspectivas al momento de efectuar aquellas compras que el ente debiera afrontar”, por 15 mil pesos por mes.

Finalmente, el fallo menciona un contrato para la “prestación del servicio de limpieza integral de diferentes edificios del instituto”, por un pago mensual de 496.776 pesos, además de contratos con varias gerenciadoras.

Para el juez Ballestero, “ninguno de los estudios periciales ha determinado el perjuicio económico para el Estado Nacional como producto de las contrataciones efectuadas durante la Gestión de Víctor Alderete”. “No se determinó perjuicio económico en relación con las contrataciones efectuadas, para las arcas del Estado. Tampoco se estableció perjuicio económico para el Instituto, toda vez que los precios han resultado razonables y los servicios contratados fueron cumplidos”, añadió el magistrado.

No obstante, “las contrataciones mencionadas no sólo fueron confeccionadas por pura y exclusiva decisión de Alderete sino que entre las cláusulas de dicho documento ni siquiera se establecía la obligación de efectuar un control sobre las prestaciones concertadas”, dijo el juez en referencia a uno de los casos.

Ballestero reprochó a los directivos del Pami haber consentido esa situación , que “terminó convirtiéndose en una modalidad habitual a la hora de efectuar contrataciones”. “El accionar de Alderete durante su gestión, comprendida entre los años 1997 a diciembre de 1999 ha sido desarrollada en un marco

de abuso de autoridad”, señala la resolución.

Sin embargo, a la hora de resolver, resumió esa calificación y la de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” en una única figura, “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, que establece penas de un mes a dos años de prisión e inhabilitación por el doble de tiempo.

Ni Alderete, ni ninguno de los otros procesados, irá a prisión por esta causa. (DyN)