Editorial

El reclamo por educación

La sociedad nacional está cambiando: para emerger de la crisis profunda que la golpeó, vuelve a privilegiar valores solidarios y se aleja de parámetros exclusivamente materialistas, en contraposición con los años noventa. Una encuesta realizada por una escuela rosarina reflejó la fuerte demanda al Estado para que mejore tanto la cantidad como la calidad educativa.

Cuando se aplica con atención el oído sobre las voces que emanan de la sociedad nacional se escucharán múltiples reclamos, siendo el de seguridad el que sin dudas alcanza los decibeles más altos. Pero si bien el clamor para reducir el delito es dominante en el marco de la reactivación económica y la lenta pero sostenida recuperación de las fuentes de trabajo que se viven en el país, una encuesta realizada en Rosario por la Escuela Nº 83 Juan Arzeno reveló que entre las preocupaciones cruciales de la gente figura también la calidad educativa. Así sin dudas debe entenderse el resultado de la compulsa llevada adelante por la escuela rosarina: nueve de cada diez padres consultados afirmaron que la enseñanza obligatoria debe incluir el nivel polimodal.

   El reflejo del relevamiento es tan nítido como crítico: los papás tienen una visión cuestionadora de lo que sucede en las escuelas y no están dispuestos a contemplar pasivamente el decisivo debate que se avecina en torno de la nueva ley de educación nacional. Otra de las demandas que plantearon los progenitores es la incorporación en el plan de estudios de un segundo idioma, aunque el dato que deba acaso verse como el más revelador es el firme requerimiento al Estado de que intervenga para garantizar derechos básicos y extender prestaciones clave.

   La capacitación obligatoria y gratuita a los docentes es uno de los puntos salientes que se solicitan, hecho que evidencia la inquietud paterna por la actualización de conocimientos en el marco de un mundo cada vez más veloz y crecientemente competitivo. Pero el interés por el aspecto cualitativo no va en desmedro de una mirada que también incluye fuertemente a la solidaridad entre sus parámetros privilegiados y en tal sentido se opone con contundencia a la actitud predominante en la nefasta década del noventa. No de otra manera debe interpretarse el noventa y cuatro por ciento de respuestas afirmativas que se le dieron a la pregunta “¿debe el Estado nacional intervenir cuando el derecho a la educación esté en riesgo?” y el categórico noventa y ocho por ciento que contestó “sí” al interrogante “¿tiene el Estado la obligación de garantizar la igualdad de oportunidades?”.

   Positivo, por cierto. Pero al mismo tiempo, y pese a los ostensibles progresos registrados en los últimos tiempos, difícilmente pueda afirmarse que la situación educativa es ideal o se encuentre cerca de estarlo. Largos, larguísimos años de concebir a la educación no como inversión sino como gasto y consecuentes tajos permanentes aplicados sobre el presupuesto que la sostiene no cicatrizan tan rápidamente. La demanda popular de que da preciso testimonio la valiosa encuesta concretada por la escuela Arzeno deja claramente sentado que la sociedad ha madurado y revalorizado el rol estatal en la construcción de un país no sólo más justo y más seguro, sino también más culto.

   Habrá que trabajar duro y con lucidez para que la demanda social encuentre, lo antes posible, respuestas satisfactorias.