El Senado aprobará la ley de ligadura de trompas

La Cámara de Senadores de la Nación convertirá hoy en ley, sobre tablas, el proyecto que contempla la práctica gratuita de la ligadura de trompas de falopio en la mujer y de la vasectomía en los hombres, que generó un fuerte debate cuando fue discutido en comisión.

La iniciativa fue defendida por los representantes del Frente para la Victoria-PJ y apoyada por radicales y algunos legisladores provinciales, mientras que los peronistas disidentes votaron en contra.

La normativa autoriza a realizar esas prácticas de regulación de la fertilidad en forma gratuita en los hospitales públicos y en los sistemas de medicina prepaga y obras sociales.

El proyecto autoriza a personas mayores de edad a solicitar la ligadura de trompas o la vasectomía, consideradas métodos permanentes pero no definitivos para regular la fertilidad.

Según el proyecto, antes de someterse a esas prácticas, la persona debe dar su "consentimiento informado" y no necesitará permiso judicial ni esgrimir razones médicas, siempre y cuando comprenda los alcances de la cirugía.

La condición anticonceptiva de estos métodos generó un fuerte debate en el plenario de comisiones que se llevó a cabo ayer, que juntó a integrantes de Salud y Deporte, Legislación General y Población y Desarrollo Humano.

La justicialista bonaerense Hilda González de Duhalde argumentó que se trata de "una ley dirigida exclusivamente a los pobres" y que se trata de un "tema de educación", y criticó que "no está contemplada en la letra del proyecto la posibilidad de revertir gratuitamente la ligadura de trompas".

En ese sentido, la kirchnerista Vilma Ibarra respondió que "los niveles de arrepentimiento en estos casos son de menos del 0,3 por ciento" y aprovechó para resaltar que "estamos regidos por una Constitución donde se reconoce la libertad individual, y al Estado le está vedado su ingreso a la esfera privada del sujeto".

La titular de la comisión de Salud, Alicia Kirchner, sostuvo que la norma se enmarca en la defensa de "los derechos humanos y los derechos sociales" y exhortó a sus pares a "dejar las prácticas paternalistas" y a "no subestimar a las personas".

A continuación, la presidenta de la comisión de Población y Desarrollo, la pampeana Silvia Gallego, destacó que el proyecto no forma parte de "ninguna decisión de política poblacional del Estado, en el sentido de limitar el crecimiento de la población".

El cordobés del Partido Nuevo, Carlos Rossi, adelantó su voto negativo y argumentó en contra, por considerar que el proyecto debería tener un requisito mínimo de edad o cantidad de hijos, y criticó que "no se haya incluido la rehabilitación quirúrgica tras una práctica de mutilación".

También expresó su disidencia total la justicialista puntana Liliana Negre de Alonso, quien advirtió que existía la posibilidad de que los casos de sida aumentaran en virtud de que muchos dejarían de protegerse, al alejarse la posibilidad de un embarazo.

El proyecto establece como "requisito ineludible" la autorización judicial para menores de edad o personas declaradas judicialmente incapaces, que deben ser oídas e informadas en el proceso de decisión en el que son parte sus representantes legales.

También dispone que las operaciones sean "sin cargo para quien lo requiera en los establecimientos del sistema público de salud" y que obras sociales y de medicina prepaga "tienen la obligación de incorporar estas intervenciones médicas a su cobertura".

Estos métodos no fueron contemplados en 2002, cuando se sancionó el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, que permite acceso gratuito a los métodos anticonceptivos como el DIU, píldoras y preservativos.

El proyecto obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados en la madrugada del jueves 29 de junio, tras un acalorado debate que incluyó una fuerte presencia de las organizaciones que estaban en contra de la iniciativa impulsada desde el Poder Ejecutivo Nacional. (Télam)