Chicos en conflicto. El programa antiimpunidad objeta la legalidad del instituto CAT de dorrego al 900

Un órgano nacional pide a la provincia cerrar un penal de menores de Rosario

Reclamó además al gobernador que los adolescentes detenidos no estén bajo tutela del Servicio Penitenciario. Es la misma dependencia cuyo director policial fue procesado por apremios ilegales y vejaciones el mes pasado

Integrantes del Programa Nacional Antiimpunidad (PNA) recomendaron al gobierno provincial el "cierre definitivo" del Centro de Alojamiento Transitorio (CAT) de adolescentes de Rosario ya que su funcionamiento significa "una abierta violación" a la ley nacional de protección a la niñez y la adolescencia. Además, sugirieron que los chicos internados allí, luego de verificar "la legalidad de la detención, sean trasladados a otras instituciones debidamente acondicionadas para cumplir con la función encomendada al Estado de proteger y amparar a la niñez en conflicto con la ley penal".

El PNA es un organismo que funciona en la órbita del Ministerio de Justicia de la Nación. Su pronunciamiento, que fue elevado al gobernador Jorge Obeid a fines del mes pasado, se elaboró tras una visita que sus integrantes realizaron junto con la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC) tanto al centro de detención de Dorrego al 900 como al Instituto de Recuperación del Adolescentes de Rosario, ubicado en Cullen y Saavedra. Del dictamen recibieron copias además el Ministerio de Gobierno y la Dirección del Menor en Conflicto con la Ley Penal de la provincia.

El planteo del PNA salió a la luz a pocos días que una jueza penal de instrucción acusara formalmente por apremios ilegales y vejámenes contra nueve adolescentes al ex director policial del CAT y a uno de sus principales colaboradores en la represión de un motín ocurrido a fines de diciembre pasado, a los que procesaron incluso por humillaciones de índole sexual.

Tras ese grave episodio, en el cual la Justicia dio por acreditados los abusos que sufrieron las víctimas, el gobierno provincial ordenó el apartamiento de la policía de la custodia de los menores y puso al Servicio Penitenciario en esa función. La CTC cuestionó esa decisión y envió los antecedentes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y pidió que un equipo del PNAI evaluara la situación de los institutos para adolescentes de la ciudad.

El 6 de junio pasado la doctora Daiana Luvotti y el licenciado Thierry Iplicjian, integrantes del PNA, recorrieron las instalaciones del CAT y del Irar con el objetivo de verificar si el estado y las condiciones de alojamiento de los menores estaban de acuerdo con lo que rige por la ley de protección a la niñez y adolescencia.

Los especialistas consignaron que es de "vital importancia, considerando los antecedentes y la falta de entrenamiento y formación específica en la materia, que la seguridad interna de los niños deje de estar asignada a ese organismo". Para los miembros del PNA, además, el hecho de que personal penitenciario se aboque al cuidado de adolescentes en conflicto con la ley "genera una distancia considerable en la adecuación de la realidad con la aplicación de la ley 26.061 de protección integral de los Derechos del Niños, Niñas y Adolescentes".

La decisión gubernamental de poner el CAT bajo la órbita de personal del Servicio Penitenciario motivó una presentación de la CTC ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) que se encuentra en fase de estudio.

"El CAT hoy es nada más que una comisaría encubierta. No hay estrategias hacia la niñez en riesgo: ni programas recreativos ni educativos", dijo Antonio Tesolini, de la CTC. "No hay políticas preventivas para que los chicos no caigan en espacios como éste y una vez que caen no hay políticas para que se transformen de modo de tener una chance en la comunidad", analizó.

El dirigente plantea que un mismo patrón de problemáticas agrupa a los chicos actualmente allí confinados: la mayoría no terminó la primaria, el 80 por ciento tiene problemas profundos de adicciones y casi todos proceden de familias desmembradas por la pobreza estructural.

"Ante esa situación, en realidad, se debe hablar de integración y no de resocialización. Se resocializa a quien estuvo alguna vez dentro de la sociedad. La mayoría de estos chicos siempre estuvo afuera. Y el sistema de menores no prevé otra cosa para ellos, que no tuvieron ninguna chance, más que el encierro y el castigo", añadió Tesolini.

Uno de los pabellones del CAT.