Sectores. A pesar del crecimiento económico, los actores del mercado se quejan por los costos y piden recomponer precios

Puja distributiva en el negocio de la salud

Prepagas y prestadores disputan el ingreso del sector pero coinciden en sus reclamos al gobierno

Patricia Martino / La Capital

El gobierno nacional, a través del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, comenzó una ronda de diálogo con directivos de las empresas de medicina prepaga para frenar un aumento de las cuotas, que en el sector privado consideran urgente. Las prepagas aseguran que tienen un desfasaje en sus finanzas del 15%, que llegaría al 30% si se concreta el aumento de salarios que negocia el gremio de la sanidad. Algunos referentes del sector advierten, incluso, que de no mediar un ajuste "se juega la continuidad del sistema" que concentra a 2,5 millones de afiliados. Estos reclamos no son ajenos al estado de ebullición en el que se encuentra el negocio de la salud, en el cual también intervienen los prestadores (clínicas y sanatorios) que reclaman cambios impositivos para hacer frente al aumento de costos. Según datos del sector, estos prestadores acumulan una deuda con el fisco de 640 millones de pesos.

Las empresas de medicina prepaga carecen totalmente de regulaciones en materia de precios y, por lo tanto, pueden aumentar sus cuotas con el sólo trámite de comunicarlo a sus afiliados 30 días antes. Existe un proyecto de ley que está en la Cámara de Diputados desde el año 1999 pero las partes no logran ponerse de acuerdo para definir un marco regulador del sistema.

Si existiera una norma, la Superintendencia del Servicio de Salud que hoy ejerce funciones de regulación y control sólo sobre las obras sociales, tendría facultades para fiscalizar a la actividad privada, tanto en los aspectos prestacionales como económico-financieros, jurídicos y de la relación con los afiliados.

A nivel provincial las empresas de medicinas prepagas nucleadas en la Cámara de Entidades de Medicina Privadas del Interior (Cempi) manifestaron el año pasado al Colegio Médico y la Legislatura santafesina su interés en participar de la sanción de una ley que regule la actividad.

"A la fecha no hemos recibido ninguna invitación para trabajar en el mismo, pero sí hemos tomado conocimiento de la media sanción que tiene el proyecto de ley tendiente a regular la actividad de las medicinas privadas", señaló Cristian Sánchez, presidente de Cempi y gerente de Medicus en Rosario. El directivo advirtió que en la iniciativa "se ven errores conceptuales" que "traerán mayores problemas al sector".


Los reclamos empresariales
"Una correcta y precisa ley reguladora de la medicina privada beneficiará a nuestras empresas ya que se podrán desenvolver en un marco de igualdad competitiva y beneficiará a los usuarios, que son quienes han tenido que padecer distintos tipos de inconvenientes con empresas que en ningún momento priorizaron la prestación de servicios médicos y salieron del mercado tan rápido como habían entrado", opinó.

Una de las alternativas que barajan las empresas de medicina prepaga para contener el aumento de los precios de las cuotas es una disminución en el IVA y una rebaja en el impuesto al cheque pero el gobierno se mantiene reticente a la aplicación de exenciones impositivas. Es más, el Ministerio de Economía de la Nación salió al cruce de algunas declaraciones sobre el tema y aseguró que "no hay ningún plan en estudio".

Referentes de las prepagas admiten que luego de la devaluación es necesario un ajuste anual para mantener la calidad de servicio. Tradicionalmente, los incrementos se aplicaban en enero pero en esta oportunidad el tema se adelantó.

Fernando Ricomi, presidente de Medycin, indicó que la corrección anual por la inflación se comienza a tratar generalmente en octubre pero este año "las tres grandes prepagas que marcan el mercado comenzaron a sondear el terreno en forma prematura, probablemente porque este año la suba sea mayor al 15% que venía registrándose".

"Si el gobierno nos obliga a trabajar a pérdida se funde el sistema, lo cual sería un problema general porque las prepagas subsidiamos el sistema de salud público", advirtió el directivo de la firma local.

Para Sánchez, en tanto, "sería una acertada decisión liberar a las empresas de la carga del IVA que desde hace ya unos años deben soportar y que indefectiblemente debe ser trasladada al consumidor". En ese sentido, mencionó que otro impuesto que grava fuertemente a las empresas es ingresos brutos, que en Santa Fe sigue teniendo una alícuota del 3,5% sobre el monto facturado mientras que otras provincias, como Buenos Aires, Córdoba y Capital Federal, fue reducido al 1 ó 1,5%. "Esta propuesta ya fue presentada por nuestra Cámara (CEMPI) a la autoridades provinciales, sin tener aún respuesta a nuestro pedido", subrayó.


Los prestadores
En el debate por los precios también entran a jugar los requerimientos de las clínicas y centros de diagnóstico que se quejan de la escasa actualización de aranceles. Una de las alternativas que propone la Superintendencia de Servicios de Salud es lograr precios de referencia, previa concertación entre las partes. No obstante, Sánchez destacó que "la relación con los prestadores es buena y hoy por hoy está basada por un lado en la constante negociación de aranceles y valores que ellos deben trasladar a las prepagas por los mayores costos que deben afrontar tanto en insumos como en salarios".

Admitió que hay disputas por "la imposibilidad" de las prepagas de mejorar los pagos a prestadores debido al crecimiento de los costos y "la mayor cantidad de prácticas hoy incluidas en el Programa Médico Obligatorio (PMO)".

"Pero ambas partes sabemos de la crisis extrema en que se encuentra el sector, por ello tratamos de lograr acuerdos que nos permitan a ambos seguir brindando los servicios solicitados por los usuarios", enfatizó.

Según datos a diciembre del año pasado, las clínicas acumulan unos 640 millones de pesos en obligaciones no saldadas con el fisco, pero por la ley de emergencia sanitaria la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) no se puede embargar bienes del sector. Desde el sector aseguran que esta medida "salvó a muchos de la quiebra".

Los referentes de la actividad se quejan hace tiempo de que la sanidad no sea tenida en cuenta a la par de servicios como el transporte o la educación, que perciben constantemente subsidios. Dicen que mientras otras entidades del sistema de seguridad social, como las ART y las AFJP no pagan el impuesto al cheque, ese costo sí pesa sobre las obras sociales.

Francisco Díaz, presidente de la Asociación de Clínicas de la República Argentina (Adecra), explicó que las empresas sufrieron un gran impacto por el incremento de costos. "Hoy el básico de una enfermera es de 1070 mensuales mientras que un año atrás apenas pasaba los 400 pesos", dijo. También remarcó que los materiales de salud se incrementaron un 30%. "Firmamos un acuerdo salarial bajo la promesa del gobierno de realizar una reforma impositiva pero todavía no se concretó, hoy el sector salud está en emergencia sanitaria y funciona porque no paga impuestos, le pedimos al gobierno que el saldo de IVA pueda ser utilizado para pagar cargas sociales", precisó Díaz.

El titular de Adecra destacó que "la salud no tiene precio pero sí tiene un costo" y advirtió que se está destinando al sistema "un valor menor a lo que destinan los países más avanzados, menos de 200 dólares anuales frente al promedio de dos mil euros en Europa". El directivo sugirió que los prestadores de salud privado también sean prestadores de salud pública, para contar con más ingresos.

Respecto a la calidad, Díaz se mostró alarmado por la realidad que viven las entidades que representa porque "hoy el déficit se suple con menor calidad en el servicio".

Los prestadores aseguran que el déficit de recursos del sistema impacta en la calidad.