La provincia, interesada en el caso

El ministro de Gobierno, Roberto Rosúa, y el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Alfredo Vivono, se reunieron ayer con los inmigrantes refugiados de Africa que habían sido desalojados de la vía pública el viernes. En el encuentro se decidió ordenar que la Dirección de Asuntos Internos investigue la actuación policial durante los acontecimientos, especialmente si se procedió en base a algún mandato judicial. También se resolvió disponer que los servicios adicionales contratados por terceros, en este caso la Municipalidad, sean controlados por un oficial superior para asegurar el ejercicio de la accionar policial en los límites de legalidad propio del estado de derecho.

Se reiteró que "la policía no debe hacer uso de la fuerza pública sino con moderación y respeto por derechos fundamentales que protegen a todos los habitantes frente a cualquier discriminación de cualquier tipo y especialmente las fundadas en razones de raza, color de piel o creencias religiosas".

Los refugiados presentarán mañana, a las 11, una declaración formal en Derechos Humanos. Luego, funcionarios de la provincia los acompañarán a la Justicia.