Editorial

Paro salvaje y futuro incierto

El conflicto con los choferes del transporte urbano de pasajeros, que amenaza continuar el jueves y viernes próximos, es grave y tiene como telón de fondo un grado desmedido de avidez e intransigencia corporativa. La racionalidad ha quedado en el camino y los usuarios son los que pagan. Urge una solución, pero no a cualquier costo.

El martes pasado, la fisonomía de Rosario era irreconocible: la ausencia de colectivos del transporte urbano de pasajeros como consecuencia de la huelga de choferes decidida por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) la convirtió en territorio inhóspito para la gran mayoría de sus habitantes, que en muchos casos no pudieron llegar a su trabajo o debieron apelar al ingenio para hacerlo. Es que un paro de transporte consiste en una medida de carácter extremo y perjudica gravemente a la ciudadanía. Por tal razón, su justificación debe resultar incontrovertible. No se trata, por cierto, del caso presente, donde el telón de fondo de la actitud gremial no se vincula con la justicia de un reclamo sino con la intransigencia desmedida.

El escenario dista de ser nuevo en la Argentina, donde el corporativismo constituye uno de los más añejos y patéticos vicios sociales. Pero en este caso, la paradoja resulta tan obvia como lamentable: la medida de fuerza protagonizada por un sector de trabajadores que percibe mil ochocientos pesos como salario básico y que demanda un treinta y seis por ciento de aumento en sus haberes impidió llegar a sus trabajos a muchos que, por cierto, ganan mucho menos.

Y no es que desde esta columna se intente deslegitimar los requerimientos de los trabajadores, históricamente postergados y cuyos ingresos se han visto afectados por el verificable fenómeno inflacionario. Simplemente, se procura instar a la cordura: la situación de los choferes no se comparece con el nivel de emergencia que debería constatarse antes de la implementación de una huelga como la comentada y que amenaza repetirse, esta vez por cuarenta y ocho horas, el jueves y viernes próximos.

Que el sistema de transporte urbano rosarino padece una grave crisis no constituye una novedad, como tampoco que el valor del boleto es bajo y que las franquicias otorgadas exceden con largueza el nivel deseable. He allí las principales razones por las cuales el Estado debe salir a subsidiarlo. Lo que, sin embargo, carece de lógica es que sean los trabajadores del volante quienes asesten el golpe final a una estructura que hace rato tambalea: es que no son ellos los más perjudicados por la ecuación ya descripta, sino los usuarios.

Una comisión del Concejo Municipal encabezada por el propio intendente Miguel Lifschitz visitará la Capital Federal el martes que viene para plantear el problema al secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime, y legisladores nacionales por Santa Fe. El objetivo de la visita es exponer lo que es visto como una "participación limitada" de la provincia en los fondos compensatorios destinados al transporte urbano de pasajeros.

Mientras, la sensación que queda flotando en la gente es que le toca jugar otra vez el triste papel de prisionera en una pelea ajena. La actitud de los choferes hasta podría ser evaluada como extorsiva: dado lo crucial del servicio que cumplen, pueden exigir ilimitadamente desde una posición de comprobada fuerza.

Es una pena que la racionalidad haya quedado, otra vez, en el camino.