En alza. En sólo 18 meses las agencias en funcionamiento pasaron de 75 a 92 y facturan unos cien millones de pesos por año

Rosario ya tiene tantos agentes de seguridad privada como policías

Según números oficiales hay 4.291 vigiladores, pero en el sector se estima que un 20 % más trabaja en negro

Carina Bazzoni / La Capital

Con cien millones de pesos se podría completar la red cloacal de toda la ciudad o extender el pavimento definitivo a unas 1.200 cuadras. Ese mismo dinero es el que los rosarinos invierten anualmente en servicios de vigilancia privada. Un rubro que está en franca expansión y que, en sólo cuatro años, multiplicó por dos el número de gente que emplea. Las 92 agencias que funcionan en Rosario ya suman 4.291 hombres, número que hace sombra a los 4.370 efectivos que la policía provincial tiene en la ciudad. Además, el crecimiento de este ejército de vigiladores fue más acelerado que la regulación de su funcionamiento, obligando a las firmas legales a convivir en el mercado con las truchas. Como consecuencia, se estima que de cada diez personas registradas, existen por lo menos dos en negro.

Y el fenómeno crece con vertiginosidad. Según la contabilidad de la sección Registro y Control de Agencias de Seguridad Privada de la Unidad Regional II de la policía provincial, en 1998 existían 102 empresas autorizadas en Rosario de las cuales funcionaban 49. En el 2003, las agencias inscriptas eran 163, y trabajaban 75. Este año las empresas en funcionamiento son 92, de las 165 que se alistan en los registros.

En idéntica medida se incrementó también el número de vigiladores inscriptos. En cuatro años treparon de 1.800 a 4.291, sólo unos 79 menos que los 4.370 agentes con que cuenta la policía en Rosario.

Para el subsecretario de seguridad pública de la provincia, Gustavo Peters, este incremento tiene relación directa con el aumento de la sensación de inseguridad que tiene la población. Un sentimiento que el funcionario considera "subjetivo", producto del alza del índice delictivo que se registró entre el 2000 y el 2001.

Esta semana, la misma jefa de la Policía provincial, Leyla Perazzo, admitió que "los delitos dentro de los domicilios no los puede prevenir ninguna policía". Y señaló que los vecinos "deben adoptar mayores precauciones para evitar las irrupciones de delincuentes en sus viviendas".

Y muchos ya habían tomado debida nota del problema. En pocos años florecieron alarmas y vigiladores en comercios y edificios del área central de la ciudad, sino que su radio de acción se extendió a los centros comerciales barriales como Echesortu, avenida San Martín o avenida Alberdi. Y en los barrios se multiplican los rondines y hasta comenzaron a aparecer en algunas esquinas garitas de vigilancia particulares.

Las oficinas, edificios e instituciones de la administración pública, ya sea municipal, provincial o nacional, tampoco están al margen de esta tendencia. Incluso la Fábrica Militar de Fray Luis Beltrán está custodiada por una de estas agencias.

Con todo, estos son los números que se manejan en la legalidad. La resolución que reglamenta el funcionamiento de las agencias de seguridad (Nº 521/91) establece que tanto las empresas como su personal deben estar anotadas en la sección de la policía encargada de su fiscalización. Pero según se estima en la Cámara Santafesina de Seguridad Privada, de cada diez vigiladores anotados en la Dirección Provincial de Autorizaciones, hay uno o dos que trabajan sin registro. Desde el sindicato -Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (Upsra)- calculan que el 30 por ciento de los vigiladores no está registrado.

El dato no es menor. "Hay mucha gente que no está bajo control. Es peligroso porque maneja información del lugar que vigila, pero nadie sabe quiénes son, ni si tienen antecedentes prontuariales", dice el delegado del gremio, Carlos Mazzei.

En Upsra ya conocen cómo trabajan estos "grupúsculos": generalmente ofrecen custodia en los barrios "donde salen a vender seguridad después de haber producido algún daño". En general estas organizaciones pueden llegar a contar con 50 hombres, que trabajan preferentemente de noche y, con suerte, pueden llegar a cobrar 50 pesos por semana.

Pero la informalidad del sector se eleva aún más si se considera la cantidad de empresas que pagan sus impuestos, abonan a su personal los sueldos de convenio y hacen los aportes correspondientes.

El presidente de la cámara, Héctor Alvarez de Igarzábal, es taxativo. "En los últimos cinco o seis años se han dado muchas habilitaciones a empresas de seguridad. Una agencia nueva no puede decir que tiene experiencia, ni que cuenta con un personal probado y capacitado. Entonces con lo único que puede competir es cobrando poco. Y los costos se bajan incumpliendo la ley", asegura.

Un tema que dentro del sector preocupa y mucho. Tanto que a principio de este mes se lanzó el Foro Regional de Seguridad Privada, entidad que persigue dos objetivos: el incremento del control de las empresas y, sobre todo, la capacitación del personal que trabaja en ellas.

El organismo político encargado de fiscalizar estas firmas es la Dirección Provincial de Autorización, Registro y Control de Agencias Privadas de Seguridad e Informaciones Particulares. Gerardo Morello está al frente de esta dependencia y reconoce que tiene "pocas" posibilidades de ejercer un correcto control sobre las empresas de vigilancia.

"La resolución ministerial que regula el funcionamiento de las agencias está desactualizada. No considera las cuestiones tecnológicas ni las de capacitación o asesoramiento del personal. Necesitamos una ley de seguridad privada", afirma.

A esto se suma la falta de personal y estructura adecuada para las actividades de fiscalización. Para Rosario, el funcionario cuenta sólo con seis inspectores. Y recién desde este año cuentan con un vehículo.

¿Qué riesgo tiene esto? Morello no duda: "El mismo riesgo que si el Estado no controla o regula otras funciones indelegables que comparte con los privados como pueden ser la salud o la educación".

Aún así, el director de la sección, Marcelo Oriolani, asegura que se realizan unas 300 inspecciones anuales. Y que los 200 operativos que se concretaron este año permitieron detectar unas 30 infracciones, entre ellas ocho empresas sin autorización, una decena que no tenían seguros y otras tantas que no habían registrado a sus vigiladores. "Los medios no son suficientes pero tratamos de cumplir con nuestra función", afirma Oriolani, y destaca que a partir de este año comenzaron a hacer inspecciones conjuntas con la Secretaría de Trabajo y a cruzar información con el sindicato "para optimizar la tarea".

Según datos oficiales en la ciudad existen 1.060 lugares que cuentan con vigilancia privada. Sin embargo, un rastrillaje realizado por el sindicato detectó 1.600 "objetivos" vigilados. Un radio que se extendió a partir del mayor movimiento de las fábricas, el crecimiento de la actividad comercial y, al mismo tiempo, la demanda de algunos barrios y la mayoría de los edificios que albergan a familias de clase alta y media alta.

Esto tiene su costo. Un consorcio que quiera tener guardia permanente durante las 24 horas deberá contratar tres vigiladores, lo cual significa sumar a sus expensas unos 7.600 pesos mensuales.

Así, de acuerdo a estimaciones de la cámara, el sector estaría facturando mensualmente unos ocho millones de pesos y cerca de cien millones al año. Un monto que sólo incluye lo que se cobra por servicios de vigiladores.

A esto hay que sumar el crecimiento de la demanda de sistemas de seguridad electrónica. En Rosario hay unas seis empresas habilitadas que prestan servicios de alarma y monitoreo, cuatro de la ciudad y dos de Buenos Aires. Se agregan a estas una decena de pequeñas firmas que en el mercado se denominan "instaladores independientes". De acuerdo a cálculos del sector, en total existen unas 13 mil alarmas en comercios, edificios particulares, bancos y oficinas.

La instalación de un "kit básico" para un comercio cuesta unos 800 pesos. Mientras que por monitoreo las empresas locales cobran entre 35 y 40 pesos por mes. Lo que indica que mensualmente en Rosario se gasta otro medio millón de pesos por este servicio.

"La demanda de sistemas de seguridad esta en crecimiento", advierte Alejandro Rif, gerente de producto de Datamecsa/Intelired, una de las empresas locales afiliada a la Cámara de Empresas de Monitoreo de Alarmas de la República Argentina. Y aporta un dato fundamental: "Las alarmas ya dejaron de ser una cosa de elites (grandes comercios y viviendas de clase alta). Hoy el servicio lo demanda cualquiera".

Los rosarinos invierten anualmente cien millones de pesos en seguridad.