Un trabajo sospechado y con varias denuncias

Las quejas van desde malos tratos e identificaciones ilegales hasta connivencia con ladrones y policías

En más de una oportunidad, las agencias de vigilancia fueron puestas bajo sospecha. Es que en el mercado de la seguridad privada conviven empresas con trayectoria y firmas que operan al margen de la legalidad. Y, según es vox populi en el medio, muchas mantienen relaciones cercanas con personal policial en actividad y agentes retirados de la fuerza.

El caso más comentado fue el de la agencia El Sol, propiedad de un comisario principal retirado de la policía santafesina Alberto Matute Ceballos, y su esposa, Adriana Beatriz Morales. La firma presta servicios en el barrio Parquefield y, a fines de marzo, sus vigiladores fueron denunciados por no prestar ayuda a una joven a quien le sustrayeron la bicicleta en forma violenta.

En marzo, el presidente de la cooperadora de la subcomisaría 23ª del barrio Rucci, Miguel Vitiello, ya había denunciado que los vigiladores comenten abusos en la identificación de personas "sospechosas" a quienes "identifican como si fueran personal policial, con malos tratos e insultos, y no dejan pasar por el barrio".

Por si esto fuera poco, una vecina de Arroyito cuya propiedad linda con la sede de la agencia El Sol denunció en cuatro oportunidades a los dueños de la empresa por "amenazas, insultos, malos tratos y hasta invasión de propiedad y agresiones". Según la mujer, este supuesto accionar tendría como objetivo amedrentarla para que deje su casa y, así, comprar el inmueble. Las presentaciones quedaron asentadas tanto en la justicia correccional como en la Dirección de Asuntos Internos de la policía.

Pero no es la única oportunidad donde se puso en tela de juicio la actuación de estas empresas. El 27 de junio del año pasado, Néstor Darío Carbone encontró su casa del barrio La Florida desvalijada. A la hora de hacer la denuncia policial, el damnificado deslizó sus sospechas contra la empresa que custodiaba el barrio a la cual él no estaba adherido. La misma empresa, Ranger, ya había sido denunciada judicialmente por una ex informante de la policía, Graciela Pacheco. En septiembre de 2003, la mujer había señalado que empleados de esa firma actuaban en combinación con policías de la seccional 10ª para vaciar casas de la jurisdicción durante la ausencia de sus dueños. Precisamente la denuncia apuntaba al ex jefe de la 10º, Hugo Correa, y a cuatro subordinados que fueron desplazados tras la presentación. En abril pasado, el juez de instrucción Luis María Caterina archivó la acusación ya que no encontró pruebas para avalar los dichos de la mujer.

Desde la Sección de Registro y Control de Agencias de Seguridad Privada, se indicó que ambas firmas tienen en marcha un sumario administrativo que actualmente estaría a dictamen del Ministerio de Gobierno de la provincia.