Una fuerte presencia de la educación privada

-A fines del año pasado recibieron una crítica muy fuerte por parte de los profesores, luego de que se conocieran los resultados de la prueba internacional Timss que mide los conocimientos en matemática y ciencias (aprobó el 65% de los alumnos y Chile se ubicó en el puesto 39 de 49 países). Responsabilizaron entonces a la fuerte presencia privada en la educación. ¿Tiene que ver con esta realidad?

-En realidad, para nosotros la presencia de la educación privada no es una tradición sino una imposición. Fue un cambio impuesto, porque vale recordar que la participación educacional en épocas de (Salvador) Allende era diferente. Hoy tenemos un sistema privado subvencionado por el Estado, el 93 por ciento de los recursos son transferidos a este sector. Lo cual hace a la escuela un negocio.

-¿Cómo se discute la revisión de este sistema impuesto por la dictadura?

-Lo estamos discutiendo. Hay que recordar que el 29 de febrero del 90, antes del regreso a la democracia, fue aprobada la ley orgánica constitucional de la enseñanza que es la que permite la presencia fuerte del sector privado. Con esa ley el Ministerio de Educación quedó transformado en un regimiento. Por ejemplo, si mi cargo se traduce al lenguaje militar yo sería un general de división y el ministro sería el comandante en jefe. Cambiar esto es difícil porque todavía tenemos un sistema binominal donde el 67 por ciento de los votos es igual que el 33, entonces mientras no cambiemos este sistema estaremos muy mal. Ese es uno de los desafíos que se le plantean a los candidatos socialistas. La candidata socialista Michelle Bachelet basa su discurso en la educación permanente y la preescolar, pero también en los cambios constitucionales. Esto significa realizar los cambios necesarios para dejar de entregar tantos recursos al sector privado. Y que ha permitido que haya un desprendimiento de la responsabilidad del Estado del manejo del sistema, pero eso no explica todo, sino también que explica, por ejemplo, el crecimiento inorgánico de una cantidad de carreras pedagógicas sin acreditar su calidad.

-Ser el director de planificación y presupuesto del Ministerio de Educación de Chile, implica estar al frente de dos áreas esenciales para el sector. ¿Qué criterios prioriza al ejercer el cargo?

-Mucha racionalidad y el cinturón bien apretado. Esa es mi percepción de lo que he vivido. Tengo la ventaja de haber trabajado en el mismo cargo cuando el actual presidente Lagos era ministro de Educación. En ese momento, el presupuesto había descendido al quinto lugar de los presupuestos públicos. Nos preocupó mucho entonces cómo crecer y nos planteamos una mayor participación en el producto. Ahora vuelvo al cargo y las condiciones han cambiado: hemos quintuplicado el presupuesto y estamos en el segundo lugar luego de la seguridad social. Cómo se distribuyen esos recursos, bueno ahí es donde tenemos el tema político a resolver. Porque el 93 por ciento de ese presupuesto se transfiere al sector privado para la escolaridad.

-En el ensayo premiado por la CAB ("De Simón Rodríguez a Paulo Freire") y a la hora de nombrar políticas de Estado deseables, Adriana Puiggrós sostiene que es preciso "acordar medidas de protección de la educación como bien social, manteniendo una posición común en los organismos internacionales". Algo que se contrapone con las pretensiones de la Organización Mundial del Comercio (OMC), de hacer de la educación un bien comercial. ¿Cuál es la postura chilena frente a este planteo?

-Lo que hay que hacer es reconocer y garantizar el derecho. Porque la educación es un derecho, un bien público. Ese es un tema estratégico, y los países no pueden estar sometidos a las necesidades coyunturales del desarrollo empresarial. Por ejemplo, hoy somos cuestionados porque tenemos un número de establecimientos de administración delegada, de formación técnico-profesional y se entregaron a corporaciones de empresarios y son los que administran los establecimientos, y ellos forman a esos alumnos. Pero se ha probado que la formación que entregan es funcional a los intereses de las empresas, que no es precisamente el interés holístico de la formación de un profesional de nivel medio. Por eso no sé de qué manera protegerlo, pero sí haría una recomendación: proteger a la educación como un bien público, asumiendo que es un derecho. Y que hay que asumir que es cara, si el Estado quiere que todos los niños reciban el mismo nivel de calidad y sean tratados igualmente en el ingreso y el trato.

-De lo contrario ocurre que la educación privada no sólo maneja los recursos, sino los contenidos que se imparten.

-Cuando transferimos los recursos del Estado a los dueños del colegio, éstos sostienen -no obstante que son recursos del Estado- que son suyos, parte de su patrimonio. Y cuando se pedía en el Congreso mayores atribuciones para controlar su uso, me decían que eso es libertad de trabajo, quitarles las garantías constitucionales al dueño del establecimiento. Por eso si esa es la libertad de trabajo de la que habla la OMC, bueno pongámosle la lápida de inmediato. Si la OMC está dispuesta a que se garantice el ejercicio del derecho constitucional y el goce de un bien público con la mejor de las calidades en nuestros niños, no hay problemas, pero que no se metan en el campo de los contenidos, a que el niño sólo incorpore elementos cognitivos y no tenga vinculación con el medio en el que se mueve. Si no sólo se forman máquinas. Por eso insisto: no hay que pensar que la educación no es cualquier bien, sino un derecho.