Nuevo pedido de audiencia pública por el agua

La Multisectorial Rosario por el Agua pidió ayer a la Justicia que obligue al gobierno provincial a llamar a una audiencia pública para discutir la problemática del agua, y le reclame al Estado que hasta tanto se inicie esta audiencia se suspenda toda tratativa con relación a la actual o futuras privatizaciones. El pedido recayó en el Juzgado Civil y Comercial Nº11, a cargo de Delia Giles.

La presentación, que invoca la ley 10.000 de intereses difusos, fue realizada con el aval de la Universidad Nacional de Rosario, el Centro Unión Almaceneros, las federaciones Tierra y Vivienda y de Organizaciones Comunitarias, vecinales y otras entidades, lo cual le dio, a juicio del abogado Aníbal Faccendini, una especial entidad.

Faccendini, que conforma la multisectorial en representación de la Asamblea por los Derechos Sociales, consideró que se trata de una acción legal histórica, porque es la primera vez que se demanda al Estado provincial reclamándole una audiencia pública. "La provincia jamás llamó a esta instancia en los últimos 22 años de vigencia del Estado de derecho", recordó.

El abogado aseguró que entre los demandantes existen grandes expectativas "debido a la envergadura del apoyo institucional", y espera que el Estado provincial "se ponga en sintonía con el nacional, que ha implementado la audiencia".


En la Constitución
Según explicó el profesional, la audiencia pública está en el espíritu del artículo Nº42 de la Constitución, que plante la necesidad de la participación de los usuarios en los problemas de consumo y servicios.

"El problema es que acá nunca se tuvo en cuenta la Constitución. La ley Nº11.220 de privatización jamás se adaptó a los requerimientos de nuestra Carta Magna. Tan así es que la Asamblea por los Derechos Sociales, que viene haciendo un seguimiento desde 1994, presentó acciones legales poniendo al descubierto esta falencia normativa"

Y por último, cargó contra el Consejo Consultivo del Entre Regulador de Servicios Sanitarios, al que calificó de "inoperante. Podría ser una caja de resonancia, pero como no funciona porque a la provincia no le interesa que funcione, se vuelve mucho más importante el tema de la audiencia pública, que es volver a que el Estado fabrique una oreja para escuchar los reclamos de la ciudadanía", remató.