Tema del domingo

Piqueteros: el gobierno impone la tolerancia cero

Se ha cruzado una frontera y se ha modificado una línea de acción política que constituía una de las bases de acción fundamentales del gobierno de Néstor Kirchner. Los hechos ocurridos el pasado jueves, cuando frente a la Sociedad Rural de Buenos Aires la policía se enfrentó duramente con un grupo de manifestantes, marcan un punto de inflexión: la tolerancia cero con los piquetes ha comenzado.

   Impulsada por un reclamo casi unánime de la sociedad, la decisión tomada incluye severos riesgos pero merece absoluto respaldo popular: la plena vigencia del estado de derecho y la salud de la democracia argentina necesitan firmeza. Y en el marco de la reactivación económica que se vive y el gran esfuerzo que realiza el grueso de la sociedad en pos de una mejor calidad de vida, las protestas sectoriales necesitan ser acotadas a sus formas lógicas. La prepotencia como método ya no puede ser estimulada ni consentida.

   Surgidos al calor de las graves desigualdades sociales y la creciente exclusión que generó el modelo económico instaurado durante el transcurso de la década del noventa, los piquetes constituyeron en su apogeo una expresión legítima de oposición que contó, si no con el apoyo, al menos con el respeto o la solidaridad silenciosa de la mayoría de la población nacional. Pero esos tiempos han terminado, y así como se han modificado la composición humana y la característica ideológica de tales grupos también han mutado la opinión y la actitud de la ciudadanía frente a su tantas veces agresivo accionar.

   En los momentos más tensos de la crisis, la comprensible resolución del Ejecutivo fue no apelar a procedimientos represivos. Mirar hacia otro lado y aguardar que el paso del tiempo, recuperación económica de por medio, disolviera los núcleos más duros de la protesta fue la estrategia elegida. Como precio, numerosos ciudadanos debieron soportar molestias considerables, que llegaron a afectar sus vidas incluso en el normal desenvolvimiento de actividades laborales. Cortes de rutas, calles y puentes, escraches y ocupación de espacios públicos se convirtieron por mucho tiempo en actos habituales dentro del caótico escenario de las grandes ciudades del país, fundamentalmente la Capital Federal. Y la paciencia inicial de la gente fue derivando, lenta pero indefectiblemente, hacia la indignación más justificada. Es que nadie debería engañarse: el piqueterismo ya no es más el reflejo de una coyuntura socioeconómica dramática sino una modalidad de abierta lucha contra el sistema, muchas veces inspirada en concepciones de índole maximalista.

   En función de tan preocupantes cambios, desde los más altos niveles del poder se ha definido un nuevo rumbo, consistente en cortar de cuajo los excesos o abusos en que desemboque la protesta social. No es sencilla la misión, dado que los fundamentos de tal práctica resultan en numerosas ocasiones legítimos: la añeja pero crucial distinción entre fines y medios resultará útil, entonces, para resolver la encrucijada.

   A fin de implementar con éxito en la práctica el objetivo resultará imprescindible que las fuerzas de seguridad resuelvan con monolítico profesionalismo situaciones que sin duda serán comprometidas. Habrá que evitar responder a provocaciones de cualquier índole y no confundir firmeza con agresividad innecesaria. El empleo de armas de fuego debería estar, tal vez, rotundamente vedado.

   La democracia y la incipiente reactivación económica deben ser defendidos de los autoritarios de cualquier signo. La protesta es un derecho constitucional, pero bajo ningún concepto debe ser admitida si deriva en un perjuicio para la mayoría de los ciudadanos.