Ingresos. Los últimos aumentos a activos y pasivos no logran despejar las dudas sobre el futuro del sistema previsional

Las jubilaciones después del default

Mientras en el régimen público se achata la pirámide de ingresos, la morosidad sigue siendo la espada de Damocles de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones

Sandra Cicaré / La Capital

El default, el empleo en negro y el anhelo de un superávit "eterno" que hoy expresa la administración de Néstor Kirchner, atentan contra los jubilados del futuro. Para evitar el impacto directo de la reestructuración de la deuda en las jubilaciones más próximas, el gobierno utilizó una ingeniería financiera y contable que terminaron pagando los actuales activos (pasivos en el futuro mediato), cuyos fondos a futuro ya están de hecho desfinanciadas por la alta morosidad del sistema previsional y por el menor gasto del gobierno en materia de seguridad social, que se redujo en términos del PBI desde el 6,3% en el período 1999/2001 al 5,1% en 2004.

Los afiliados al régimen de capitalización a fines de junio de este año eran 10,3 millones de personas aunque los aportantes fueron sólo 4 millones y la relación aportante/afiliado fue del 38,7% en el segundo trimestre de 2005, con una leve disminución respecto del período anterior, según el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Argentina de la Empresa (Uade).

En tanto, los aportantes al régimen de reparto suman 2 millones de personas, de las cuales 600 mil trabajadores están en relación de dependencia y una cifra similar son monotributistas.

"Sólo el 39,6% de los afiliados al sistema previsional (privado y estatal) cotizan. En estos términos, el 60% no podrá jubilarse en el futuro", señala el último informe sobre el tema elaborado por el Instituto de Estudios y Formación de la Central de Trabajadores Argentinos (Idef-CTA).


Pequeño alivio
El último relevamiento de Uade (segundo trimestre 2005) indica que el "registro positivo de 0,25 entre el PBI y el ratio aportante/afiliado es un valor bajo pero con signo esperable". Este número indica que la relación mejora con el crecimiento global de la economía y a medida que baja la desocupación. Sin embargo, los analistas advierten que "cuando el producto crece, baja la desocupación pero suben proporcionalmente poco los aportes, lo que indica que parte importante del crecimiento del empleo no se formaliza".

Para la titular de la Administración Nacional de Seguridad Social (Ansés) de Rosario, Celeste Rivas, un escenario de estas características es preocupante a futuro. De todos modos, la funcionaria rescató las medidas que el gobierno tomó hasta ahora para permitir que muchas personas sin la totalidad de los aportes obligatorios o la edad para hacerlo puedan acceder al beneficio. En este sentido, hizo referencia a la nueva ley 25.594.

Rivas explicó que este tipo de políticas de Estado permitieron subsanar serios problemas que existían en el presente -arrastrados del pasado- para que un activo lograra jubilarse.

Todo parece indicar que, de no mediar una reforma integral, el Estado seguramente deberá salir a dar respuestas a aquellos que al final de su vida laboral no puedan acceder a una jubilación digna. De hecho, desde enero de 2002 (salida de la convertibilidad) hasta julio de este año las jubilaciones mínimas subieron 133%, de 150 a 350 pesos. Esta medida benefició a 2,5 millones de jubilados en todo el país, sobre un padrón total de 3,1 millones.

El incremento de haberes que benefició a los que cobraban la jubilación mínima y a los que percibían entre esta cifra y 1.000 pesos (el decreto 1199/04 incorporó un 10% de aumento a ese sector) no llegó a quienes perciben una cifra superior.


Más por menos
Para el Idef los haberes más altos financiaron la recomposición del haber mínimo, ratificando que la distribución de fondos en curso es de carácter plenamente regresivo". Esto es así porque "se financia la recuperación del mínimo con recursos que provienen de haberes que si bien son mayores resultan absolutamente bajos", agrega.

El Idef apunta que la inversión del Estado en jubilaciones y pensiones este año es un 8% inferior a 2001. Por otra parte, el 62,7% de los beneficiarios del sistema previsional perciben el haber mínimo (ahora de $350), con lo cual "el régimen público previsional es una verdadera administración de pensiones y jubilaciones para pobres".

Esta situación desalienta la permanencia en el sistema estatal "ya que con independencia del sueldo que uno tenga (y en base al cual aporta) la gran mayoría terminará cobrando una jubilación mínima", agrega.

Pero el escenario no es tan diferente para los que aportan en el sistema de capitalización (privado). Si bien los incremento salariales del último año impactaron positivamente en el régimen, el canje de la deuda y la alta morosidad juegan en contra de los futuros jubilados.


Los efectos del canje
El economista de Uade Gustavo Ferro explicó que si se mira la cartera a fines del año 2001 estaba conformada por unos 22 mil millones de dólares y ahora está cerca de los 20 mil millones. Pese a que la diferencia no es muy grande, "hay tres años de acumulación de aportes que no están".

Esto es así porque desde la devaluación a esta parte, las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) recibieron títulos en default a cambio de los préstamos garantizados -excepto Nación- y no cobraron intereses. "A partir de ese momento se empieza a retrasar la relación respecto de la aseguradora oficial", explicó Ferro.

Para que las AFJP se prendan en el canje de deuda el gobierno les ofreció bonos especiales (cuasi par y discount) y al mismo tiempo un tratamiento contable ventajoso que les permitió no reconocer las pérdidas en sus balances, aunque deben mantener los bonos en su cartera hasta su maduración.

Por otro lado, una herencia del ex ministro Domingo Cavallo fue la reducción del porcentaje del aporte del 11 al 5%. Estaba previsto un cronograma progresivo para alcanzar nuevamente ese nivel, pero el gobierno sólo llegó al 7% y dejó el paso al 9% para más adelante.

Esta medida intentó en ese momento aumentar el salario de bolsillo de los trabajadores, ante la imposibilidad de discutir incrementos. Pero de ese modo, "el sector está desfinanciado por el lado de los ingresos", dijo Ferro.

Por otro lado, explicó que con los aumentos de sueldos de los últimos meses está ingresando al sistema de capitalización un flujo de dinero superior a los 300 millones por mes, pero la morosidad sigue siendo alta. "Del total de 10 millones de afiliados, aportan 4 millones", dijo. Esto representa sólo el 39%, aunque la cifra más baja se registró en 2001 con el 33% del total.

Durante el segundo trimestre de 2005, el sistema de capitalización recaudó 1.105 millones de pesos. Respecto del mismo trimestre del año anterior, fue una disminución nominal de 7,3%. Respecto del trimestre anterior, un aumento del 21,8%, según datos de Uade.

Con este escenario, el futuro de los jubilados cambia de acuerdo a la edad. Para Ferro es necesario fragmentar para hacer un análisis.

Por ejemplo, la persona que se jubila el año que viene salió beneficiada con el criterio adoptado para el canje de deuda, porque no se computa la pérdida. "Si se hubiese computado la quita del 38% sobre un 60% de la cartera en títulos tendría un cuarto de sus ahorros perdidos", dijo el analista de Uade. De ese modo, "esta alquimia contable sirvió para que no impacte en la gente de mayor edad que está próxima a jubilarse", dijo.

En cambio, para quienes les faltan 24 años o más para jubilarse y hasta tanto los títulos se digieran dentro de la cartera "se compra cuota parte a valor inflado", dijo Ferro. Conclusión, el costo de evitarle una caída de ingresos a los que se jubilarán próximamente "se repartió entre los que están aportando actualmente", dijo el analista de Uade.

Con una mirada muy crítica hacia el sistema de capitalización, el Idef explica que como ocurrió en Chile, donde se aplica en profundidad este esquema privado, los problemas de cobertura se terminan resolviendo con pensiones mínimas otorgadas por el Estado. Por otra parte, cuestionan las inversiones que realizan las AFJP, cuyo 60% de la cartera está compuesta por títulos públicos, que a su juicio "convierten el ahorro de los trabajadores en nueva deuda pública dirigida a cubrir el desfinanciamiento del Estado".