Editorial

Procreación y un plan valioso

El Programa de Salud Reproductiva del gobierno santafesino interviene positivamente sobre un drama social crónico que se acentuó con la crisis, pero su implementación encuentra inesperados obstáculos tanto de índole cultural como material. La sociedad debe valorar la participación activa del Estado, que durante los años noventa se convirtió en desertor.

Uno de los principales avances que ha producido la medicina durante el transcurso del pasado siglo es la posibilidad que brindó a las parejas de elegir el momento en que desean tener hijos. Sin embargo, y por razones que incluyen aspectos vinculados a las esferas social, educativa y económica, ese beneficio no se extiende en el grado que podría y son demasiadas las familias cuya prole excede largamente su capacidad de brindarle el necesario amparo, con los múltiples y complejos elementos que éste incluye. De allí que deba ser observada como valiosa la iniciativa del gobierno santafesino que, a partir de la plataforma del ministerio dinámicamente conducido por Juan Héctor Sylvestre Begnis, ha implementado el Programa de Salud Reproductiva y Procreación Responsable, cuyo principal objetivo es asistir a más de trescientas mil mujeres en todo el territorio de la provincia.

   La tarea no es sencilla ya que se enfrenta con obstáculos de índole material y cultural. El machismo —drama y también lacra social— incide para que muchos varones no sólo se nieguen al empleo del preservativo sino que muchas veces rechacen la utilización de anticonceptivos orales por parte de su compañera. El ministro de Salud explicó el fundamento de tan repudiable comportamiento: “De esta manera el hombre conserva cierto poder sobre los embarazos. Pareciera que si la mujer maneja su fertilidad, ambos tienen temor a no controlar el tema de la fidelidad”.

   Pero también existe renuencia por parte de los médicos a colocar el dispositivo intrauterino, popularmente conocido por su sigla DIU. A tal punto llega la resistencia que apenas se instaló el 3,8 por ciento de cerca de los 43 mil DIU que se distribuyeron entre 2004 y 2005. En este caso estaría incidiendo un factor aún más preocupante que el mero temor o rechazo de la gente: el interés económico de los galenos, a quienes de acuerdo con funcionarios consultados la gratuidad de la práctica “les corta una cadena de ingresos”, ya que en los consultorios privados obviamente se cobra.

   Durante la década del noventa el Estado desertó de gran parte de sus funciones básicas, entre las cuales la educación, la seguridad y la salud ocupan los lugares más destacados. Cuando —como en este caso— interviene decididamente para paliar una situación signada por la desinformación, el pauperismo y el atraso merece recibir el apoyo y la solidaridad del tejido social, que para emerger del abismo de la crisis necesita de su intervención lúcida y activa.