Reflexiones

Sobre la masacre de Coronda

Aldo Strada (*)

La vicegobernadora María Eugenia Bielsa acaba de reconocer que existe una responsabilidad política en la reciente masacre en la cárcel de Coronda. Por otra parte, diversos medios anticipan que el informe que presentará la comisión enviada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación será lapidario contra el Servicio Penitenciario Provincial, confirmando las denuncias y análisis hechos por detenidos, familiares de los mismos y organizaciones no gubernamentales, como la Coordinadora de Trabajo Carcelario.

El gobierno provincial tomó nota del problema, designando interventor de la Cárcel a Jorge Bortolozzi, funcionario civil, que fue durante varios años director del Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias (Iapip), lo que permite presumir que tiene un conocimiento profundo del funcionamiento del sistema carcelario.

Al mismo tiempo el gobierno, particularmente la arquitecta Bielsa, ha respaldado la política del director del Servicio Penitenciario, Fernando Rosúa, señalando que es necesario profundizar el respeto por los derechos humanos de los detenidos y los guardias.

Y aquí llegamos a un punto que genera una falsa contradicción en ciertos ámbitos de la política provincial: ¿criticar al Servicio Penitenciario es criticar a Rosúa? ¿Apoyar las directrices de Rosúa es convalidar los hechos irregulares y ahora atroces que se producen en las cárceles, particularmente Coronda?

Ni lo uno ni lo otro. En primer lugar, hay que contextualizar la situación carcelaria, que no es problemática sólo en Coronda, sino en todo el país. El neoliberalismo globalizado, que se impuso en nuestro país en la década del 90, destruye los lazos de solidaridad, corrompe, establece la acumulación ininterrumpida de riqueza como única medida de valor y objetivo supremo en la vida. Pero también traza una raya entre dos grandes lados de esta sociedad infinitamente fragmentada. De un lado estamos los que, buenos o malos, todavía tenemos trabajo, educación, salud y otras posibilidades en la vida. Del otro lado hay un inmenso agujero negro, la nada social.

La pobreza se desliza hacia la indigencia, la indigencia se desliza hacia la delincuencia, la delincuencia se desliza hacia las fauces perversas de los Tribunales y las cárceles. "Las cárceles son el inodoro de la Justicia", dijo Hernán Montenegro, el guardia penitenciario que estuvo de rehén durante el motín de la cárcel de Córdoba.

En ese marco, indudablemente hay que valorizar la política del doctor Fernando Rosúa, que permite a los presos tener delegados y asambleas de pabellón, invita a organizaciones no gubernamentales a que aporten para el mejoramiento de las cárceles y busca humanizar la situación.

Pero cuando los civiles se van de la cárcel, adentro sigue el personal de carrera del Servicio Penitenciario. Y es sabido que, desde hace largo tiempo existe una profunda corrupción que corroe a muchos oficiales y guardias en los servicios penitenciarios. Y que la represión a los presos que no forman parte de las bandas que así se organizan, es la manera de mantener la continuidad de los negocios ilegales.

Si esto lo sabe cualquier ciudadano, ¿cómo no lo van a saber el gobierno y las autoridades civiles de las cárceles? Evidentemente, a la política llevada adelante para humanizar las cárceles le ha faltado una pata, quizás la más importante: separar la paja del trigo entre el personal penitenciario, sobre todo en los más altos niveles.

¿Tan poderosos son que nada se ha podido hacer en un año y medio de gobierno del doctor Obeid? ¿Que nada se pudo hacer en 22 años de gobiernos justicialistas en Santa Fe? ¿Podrán el interventor Bortolozzi y la investigación judicial aportar elementos para esta necesaria limpieza?

Mientras esto no se dé, las muertes y los malos tratos en las cárceles se seguirán dando. Y esto es una vergüenza para la provincia de Santa Fe. Como sigue siendo una vergüenza para la provincia que aún no se hayan esclarecido casos como el incendio en la comisaría 25ª de Villa Gobernador Gálvez, en la que el 15 de noviembre de 2000 murieron 13 detenidos, algunos de los cuales tenían excarcelación firmada.

(*) Diputado provincial (ARI)