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 viernes, 29 de abril de 2005  
La carpa de Apropol sigue instalada en el Concejo

El grupo de policías santafesinos pasados a disponibilidad tras haberse autoacuartelado el 11 de abril último, continuaba hoy instalado en una carpa azul adentro de Concejo Deliberante, donde pasó la noche junto a sus familias en reclamo de que se dejen sin efecto las sanciones dispuestas por el gobierno provincial.

El secretario general de la no reconocida Asociación Profesional Policial (Apropol), que nuclea a los policías rebeldes, Alberto Martínez, dijo hoy que se solicitó a los concejales que medien en el conflicto con el gobierno santafesino.

"También es probable que se lo pidamos a otras organizaciones intermedias, es decir el Arzobispado y la (regional) CGT-Rosario", dijo Martínez.

Para el secretario general de Apropol, el gobierno de la provincia se ha apresurado al sancionar a los policías que se autoacuartelaron en la puerta de la Unidad Regional II de Rosario hace 18 días.

"Creo que no han evaluado lo que están haciendo en toda su dimensión. No ha evaluado las responsabilidades que ha tenido y la situación a las que nos somete a diario a los trabajadores policiales, no solamente en la falta de equipamiento sino en lo que tiene que ver con respecto a nuestra dignidad como personas", añadió Martínez.

Según el dirigente de Apropol, los policías están dispuestos a la mediación, aunque advirtió que "la situación se agudiza y podría venir en las próximas horas alguna medida administrativa un poco más fuerte de parte del gobierno, lo que acrecentaría la problemática que tiene que ver, en principio, con 40 familias que pueden quedar en la calle.

Martínez dijo finalmente que no existe aún comunicación oficial con el gobierno y aguardan la ayuda de los ediles.

Los policías en disponibilidad instalaron ayer una carpa dentro del Concejo Municipal de Rosario, en cuyo recinto irrumpieron durante una sesión ordinaria para pedir a los ediles que intercedan ante el gobierno provincial.

Según el vocero de la Apropol, la carpa fue instalada "por el incumplimiento de palabra por parte de la jefa de la Policía de Santa Fe, Leyla Perrazo", con quien acordaron el 12 de abril el levantamiento de la medida de fuerza bajo el compromiso de que no se adoptarían sanciones contra los rebeldes, lo que la jefa policial luego desmintió.
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