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 sábado, 23 de abril de 2005  
El matrimonio homosexual enfrenta gobierno e Iglesia en España
Un cardenal llamó a los funcionarios de aplicación a que se declaren en rebeldía

El presidente del Pontificio Consejo para la Familia, el cardenal colombiano Alfonso López Trujillo, pidió ayer a la feligresía oponerse a la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo por la Cámara de Diputados española. La norma necesita de la venia de los senadores para entrar en rigor, pero ya se ha adelantado el pronunciamiento a favor de la Cámara alta.

La vicepresidenta primera del gobierno español, María Fernández de la Vega, salió luego públicamente a criticar este llamamiento y declaró que la ley "no perjudica a nadie".

López Trujillo llamó "con urgencia" y en nombre de la Iglesia, "a la libertad de conciencia y al deber de oponerse" al matrimonio de homosexuales.

El purpurado, de 69 años, solicitó durante una entrevista que ofreció al diario italiano Corriere della Sera que esa actitud se adopte "en todas las profesiones que de alguna manera tienen algo que ver con la aplicación" de la ley de matrimonio homosexual.

Desde el Vaticano, Trujillo sostuvo también que para esa norma debe existir la misma "objeción de conciencia que se pide a los médicos y enfermeros contra un crimen como el aborto".

En ese sentido, acotó que los cristianos "deben estar listos incluso a pagar el precio más alto, quizás hasta la pérdida del puesto de trabajo" en su oposición al matrimonio gay.

"Lo que están haciendo en España, por lo demás con una mayoría (parlamentaria) bastante exigua, es la destrucción de la familia, ladrillo a ladrillo", aseguró el purpurado, quien el pasado jueves fue confirmado en el cargo por Benedicto XVI.

Para Trujillo, la nueva legislación española es "inhumana" y fruto de "una extraña idea de la modernidad".

"Una ley (como la española) de una gran desigualdad como ésta no obliga, no puede obligar. Una ley no tiene razón sólo por el hecho de serlo y no porque sea buena o haga el bien; sería una forma de positivismo jurídico sin sentido. No se pueden imponer cosas injustas a los pueblos", subrayó.


No podrán negarse
Por su parte, De la Vega aseguró que "los funcionarios no podrán acogerse a la objeción ya que han de cumplir las leyes que el parlamento aprueba en una sociedad democrática".

Tras la reunión del Consejo de Ministros, la funcionaria advirtió que "las leyes deben ser cumplidas por todo el mundo, pero sobre todo por los que prestan servicios en la función pública", recalcó.

A la polémica se sumó la Conferencia Episcopal de España, cuyos integrantes opinaron que la ley aprobada es "radicalmente injusta y perjudicial para el bien común".

Indicaron que la ley de matrimonio gay "presupone la introducción de un peligroso factor de disolución de la institución matrimonial y del justo orden social". Insistieron en que "no es justo que dos personas del mismo sexo pretendan casarse".

En tanto, acotaron que "sería injusto y discriminatorio que el verdadero matrimonio fuese tratado como una unión de personas del mismo sexo".

Los diputados españoles aprobaron anteayer el matrimonio entre homosexuales en base a un proyecto del gobierno del primer ministro, José Luis Rodríguez Zapatero. La ley fue aprobada por 183 votos a favor, 136 en contra y 6 abstenciones. (Télam)
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